[dropcap]L[/dropcap]os gobiernos tienen la obligación constitucional y sus funcionarios el compromiso humano de administrar correctamente los recursos públicos.
La corrupción, venga del litoral que sea, es lo que se interpone y coarta la racionalidad con que debe operar el Estado, que se debe a sus ciudadanos.
A quienes tienen bajo su responsabilidad administrar la cosa pública, o sea, los bienes que pertenecen a todos los ciudadanos hay que pedirles cuenta. Es un deber ciudadano y un mandado consagrado en la Constitución y leyes adjetivas.
No se sabe si es escudados en la gran deuda social o en la ignorancia aposentada en gran parte de la población, que los aspirantes a llegar al Gobierno, incluyendo los que buscan quedarse, prometen hasta lo que no tienen, aun sabiendo que será difícil lograrlo.
La muestra de irracionalidad más aguda se da en la repartición porcentual que se hace del Presupuesto. Vemos aquí, por ejemplo, 4% del PIB para la educación. Ahora piden 5% para salud, 5% para la UASD y así sucesivamente cada uno pedirá un porciento.
Sin embargo, la capacidad de recaudación del Estado está en 13%, lo que indica, claramente, que esta suma no resulta. Más del 25% de los ingresos se destina al pago de la deuda acumulada y sus intereses. Es una operación matemática con resultados en rojo.
Por un lado los políticos prometen hasta lo ilógicamente aplicable con los recursos disponibles y, por el otro, los ciudadanos piden obras para sus comunidades y más ayuda social, incluyendo subsidios, sin entrar en razón sobre las fuentes de financiamiento que serán obligatorias para cumplirles. La gente quiere más servicios y más obras, pero no desea más impuestos.
Las rigideces en el Presupuesto, por más vueltas que se le quiera dar, sólo amarran la posibilidad de desarrollo de los ciudadanos.
Un estudio preparado por Juan Carlos Echeverry, Jorge Alexander Bonilla y Andrés Moya, de la Universidad de Los Andes, preparado por encargo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señala que el fenómeno de las inflexibilidades compromete la capacidad del gobierno y de los representantes elegidos para llevar a cabo los planes de gobierno, definir las prioridades de gasto y asignar los recursos de acuerdo con estas prioridades.
Y hay mucha razón cuando afirman que estas obligaciones reducen el margen de maniobra de las autoridades de política para la priorización de acciones del Estado y la ejecución de programas sustantivos del gobierno.
Mauricio Rojas, que estuvo la semana pasada en el país invitado por el CREES, considera que se requiere de una ley que ponga freno a prometer más de lo que es posible cumplir. El Presidente de hoy promete para que el Presidente de mañana pague y así sucesivamente.
Seguir el ejemplo de Suecia (guardando los años luz que nos lleva ese país europeo en transparencia y responsabilidad civil), sería una receta ideal para hacer realidad la patria que iniciamos hace más de 170 años.
Esta es una de las cosas importantes que debemos aprender. En esto tanto Chile como Suecia han sido muy estrictos. El Estado debe generar superávit, excepcionalmente déficit y muy bien justificado e invertido.
En Suecia, por norma de presupuesto, hay que generar un 1% de superávit al año y no hay deuda neta con el resto del mundo. Estamos lejos, pero se puede llegar si se inicia ahora.