Parece que hay un consenso en torno a lo que mejor conviene a todos los actores que participan en el sector eléctrico. Aquí se incluyen los generadores a gran escala, los consumidores, los autoproductores y, por supuesto, el Gobierno, ya que es el que cada año ve sus finanzas afectadas por el subsidio que indefectiblemente debe cubrir para que las distribuidoras sigan a flote.
No hay dudas de que las finanzas del sector eléctrico, afectadas por el persistente déficit de las empresas encargadas de comercializar las energías, son una carga muy pesada.
Todo parece estar claro en el horizonte cercano en torno a una de las alternativas para, en parte, ayudar a que la carga sea menos pesada. Por supuesto, hay detractores que tienen una visión diferente, pero lo cierto es que el impulso de las energías renovables a partir del aprovechamiento del sol está poniendo en la palestra un tema de competencia.
Hay expertos que saben que el tema es muy serio y que no todo está relacionado con el aumento de la capacidad instalada en generación distribuida, que supera los 345 megavatios, sino que también hay un aspecto relacionado con la gestión de las distribuidoras y falta de inversión en la mejora de redes y formalización de clientes.
El elemento político, aunque no ha salido en esta oportunidad, no puede dejarse fuera.
Lo que sí parece estar bien definido es que hay un consenso sobre cuál es la mejor opción en cuanto a la generación distribuida. Los autoproductores, aquellos que generan electricidad a partir de paneles solares y la inyectan a las redes de distribución a través del esquema de medición neta, deben operar sin poner en riesgo la sostenibilidad a largo plazo del sistema.
Es justamente este neteo por volumen y no en base al costo del kilovatio hora (facturación), como propone un nuevo reglamento que trabaja la Superintendencia de Electricidad (SE), el que se ha convertido en una fuente que profundiza el déficit del sector.
Los cálculos estiman las pérdidas anuales por alrededor de US$100 millones para las EDE por la distorsión que provoca el esquema actual, lo cual se traduce en una carga financiera extra para el Estado.
En todo caso, y partiendo de que todos los actores deben recibir un incentivo para seguir operando y confiando en República Dominicana, lo lógico es que se defina una manera justa para lograr que la energía solar siga aumentando sin poner en riesgo la sostenibilidad de las distribuidoras de electricidad.
