República Dominicana se encuentra en una encrucijada donde la estabilidad macroeconómica, tantas veces presumida, empieza a mostrar grietas bajo el peso de una realidad fiscal insostenible. Suena tétrico, pero es la irrefutable verdad.
La proactividad del Presidente de la República, buscando apoyo y consenso en diversos sectores económicos y políticos, pudiera ser la señal de que es preciso adoptar medidas que pudieran no ser del agrado de la población. En un discurso reciente al país, el jefe de Estado habló de sacrificios.
El aumento de la deuda pública del Gobierno central en más de US$20,000 millones desde 2021, un déficit fiscal que no da tregua y una inflación que amenaza con salirse de control, hablan de lo seria de la situación.
En un contexto internacional convulso, marcado por la inestabilidad en el Medio Oriente, que ya ha disparado el costo de los hidrocarburos y logísticos, el país enfrenta el reto de sanear sus cuentas antes de que la deuda se convierta en un lastre inamovible para el desarrollo.
Las cifras son, por decir lo menos, alarmantes. La deuda del sector público no financiero (SPNF) ya alcanza los US$64,828.9 millones, lo que representa un 49% del producto interno bruto (PIB).
La trayectoria casi exponencial no es solo un dato estadístico, es un llamado de atención urgente para los tomadores de decisiones para que no sigan postergando soluciones estructurales. Seguir tapando huecos fiscales con préstamos tiene límites.
Hay que tomar en cuenta que la proyección de crecimiento ha sido revisada a la baja, a 3.5%, lo que también coloca otro reto en a la generación de valor y empleos.
Y si de decisiones se trata, la reforma al sistema tributario debería seguir en agenda, aunque es entendible el miedo que les tienen las autoridades al impacto que tendría en la popularidad del Gobierno. No se puede vivir permanentemente bajo un esquema de parches fiscales que solo inflan el déficit.
Es imperativo asumir un compromiso como sociedad. La revisión de los subsidios y las exenciones fiscales, que por años han beneficiado a sectores que ya no los requieren para ser competitivos, debe estar en el centro de la agenda.
El “sacrificio” no puede ser una palabra que solo recaiga sobre los hombros de los contribuyentes de a pie; debe ser una política de Estado transversal.
