[dropcap]L[/dropcap]a libertad de empresas, comercio e industria es un derecho consagrado en la Constitución de la República. Esto significa que todo dominicano con capacidad económica puede hacer negocios. Un mercado perfecto es aquel en el que el ejercicio pleno de la oferta y la demanda fija los precios y define los costos.
Para que esto suceda es necesario que exista un régimen de competencia en el que prime “el respeto al derecho ajeno”. Lo lógico es que no haya trabas o barreras de entrada, que no se practique el abuso de posición dominante, que no haya colusión o ninguna otra de las formas poco transparentes o equitativas de participar en el mercado.
Con la aprobación de la Ley 42-08 sobre Defensa de la Competencia, hace ocho años, se dio un paso trascendental en materia de transparencia, que incluye a los actores privado y público. Con un régimen claro ganan todos: empresarios, gobierno y consumidores.
El reto ahora es convencer a los actores de la importancia que tiene actuar (convivir) en un mercado caracterizado por la transparencia y sin la “mala fe”, en el que todos tengan igualdad de oportunidades para competir. Y se ha avanzado, pero aún hay que crear conciencia sobre lo que esto significa en términos de avance institucional para el país.
La prueba más fehaciente de que aún queda un gran trecho por recorrer es el limbo en que se encuentra ProCompetencia. Faltan tres miembros que deben ser nombrados o designados por el Congreso, a fin de que la entidad esté en capacidad de presentar la terna para que el Poder Ejecutivo designe al director ejecutivo. Pero no se ha hecho nada. Todo está en una especie de “Purgatorio”.
Todo indica que hay fuertes y profundos intereses políticos y empresariales de por medio, lo que evidencia que falta madurar el concepto de institucionalidad en el país. ProCompetencia coloca al país en el mapa de las buenas prácticas de comercio y se convierte en un atractivo para la inversión extranjera.
