Los ministros de Energía de la Unión Europea se reunirán este martes para debatir la propuesta presentada de la Comisión Europea para reducir un 15 por ciento el consumo en todos los Estados miembro hasta la próxima primavera, un planteamiento para el que solicitarán ciertas excepciones atendiendo a las circunstancias de cada país de la UE, tras las reticencias manifestadas por España, Portugal o Grecia.
Los titulares de la cartera de Energía debatirán sobre la propuesta del Ejecutivo comunitario de la pasada semana de recortar un 15 por ciento su consumo de gas de forma voluntaria hasta finales de marzo, una reducción que Bruselas quiere poder imponer de forma obligatoria en caso de alerta para la seguridad de suministro.
Así, el Consejo de Energía pretende abrir la puerta a que objetivo de reducción del 15 por ciento contemple excepciones atendiendo a las circunstancias de algunos Estados miembro como la escasa interconexión de las islas –como es el caso de Malta–, el problema de sincronización de la red eléctrica de los países Bálticos –aún conectados a la infraestructura rusa– o la capacidad de almacenamiento de gas de cada Estado miembro.
Fuentes diplomáticas han explicado que la intención no es diluir ese 15 por ciento si no atender a las especificidades de determinados Estados miembro como las limitaciones geográficas y la interconexión, sin embargo, la reducción del objetivo en ciertos países no implicará que deba ser compensado por otros.
La pasada semana, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, indicó que “no apoya” la propuesta de Bruselas al considerar el recorte del consumo de gas “un sacrificio desproporcionado”, y argumentó que “a diferencia que otros países, los españoles no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades desde el punto de vista energético”.
Así, España pondrá sobre la mesa la interconexión gasística con Francia, que los niveles de almacenamiento de gas en el subsuelo se encuentran en niveles superiores a los de la media de la UE o que la capacidad de almacenamiento de gas natural licuado (GNL) supone un tercio de la potencia de regasificación de la UE.
Un rechazo que no sólo ha manifestado España, sino también Portugal, Polonia, Grecia o Hungría y a la que Francia ha manifestado ya su respaldo. En este marco, la propuesta de regulación del Ejecutivo comunitario deberá ser respaldada por una mayoría cualificada en el Consejo para salir adelante, lo que supone el apoyo de 15 Estados miembro que representen al menos el 65 por ciento de la población de la UE.
En un paso más, los Veintisiete intercambiarán puntos de vista sobre si es la Comisión Europea la que debe declarar la “alerta europea”, contando con el respaldo de una mayoría cualificada del Consejo representada por 15 países de la UE, como plantea la comunicación de la semana pasada, o si debe ser la iniciativa del Consejo, con un mínimo de cinco Estados miembro, la que debe promover la declaración de “alerta europea”, como plantean los Veintisiete.
Además, los ministros de Energía analizarán cómo mejorar la protección de consumidores vulnerables, como los hogares, los centros sanitarios, educativos o de seguridad, las medidas para asegurar el suministro energético y la solidaridad entre Estados miembro.
A propuesta de Grecia, los titulares de la cartera de Energía abordarán el establecimiento de límites al precio del gas en el mercado mayorista de la electricidad y la reforma del mercado eléctrico.
Además, el ministro de Energía de Ucrania, German Galushchenko, participará en la reunión de forma presencial para abordar la manera en que se podría reforzar la seguridad energética en los mercados de electricidad y gas en el país.
La pasada semana, el Ejecutivo comunitario pidió a los países de la Unión Europea recortar un 15 por ciento su consumo de gas de forma voluntaria entre el 1 de agosto de este año y el 31 de marzo del presente ejercicio para conseguir una reducción de 45,000 millones de metros cúbicos de gas para garantizar el suministro.
Además, Bruselas quiere poder imponer de forma obligatoria en caso de alerta para la seguridad de suministro y que trata de esquivar el “chantaje” ruso en relación al gas, algo que requeriría el respaldo del Consejo por mayoría cualificada, en caso de escasez o de una demanda excepcionalmente alta.
