Lima, Perú.- El Ministerio de Energía y Minas proclamó aquí que el gobierno tiene la clara decisión de convertir las industrias extractivas en verdadero motor de desarrollo con impacto social, mediante el uso eficaz de los recursos captados de esas actividades bajo una cultura de transparencia.
El planteamiento fue hecho por el ministro Antonio Isa Conde durante la asamblea general de la Séptima Conferencia Mundial de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), desarrollada en esta capital desde el martes, en la que el país habla por primera vez.
Isa Conde se dirigió a sus contrapartes para asegurar que su país inicia un nuevo modelo de gestión de los beneficios obtenidos de las industrias extractivas con el propósito de impactar en el bienestar social. República Dominicana se convirtió esta semana, a nivel mundial, en el país número 50 en ingresar a EITI y el séptimo de América Latina.
Las mismas palabras dirigió Isa Conde en una conversación particular con el nuevo presidente de EITI, el ex primer ministro de Suecia Fredrik Reinfeldt, a quien dijo que la sociedad civil y las mismas industrias extractivas están alineadas y empoderadas para influir en el cambio. Reinfeldt ha trabajado además para el Parlamento Europeo.
En el foro, el Ministro expresó que al asumir el desafío de ingresar a EITI –cumpliendo sus requisitos de transparencia y rendición de cuentas- el país busca revertir el escaso impacto económico positivo en las zonas geográficas donde se realizan los procesos mineros.
El Ministro explicó que el interés es culminar los tiempos de ausencia total de información sobre el destino dado a los aportes fiscales, cánones, tasas, regalías provenientes de las industrias extractivas y subsanar las secuelas medioambientales que, en algunos casos, se han extendido por generaciones sin remediar.
Asimismo, indicó que el objetivo es dejar en el pasado las concesiones, contratos y licencias entregados bajo dudosos procedimientos en el contexto de un marco regulatorio débil y una institucionalidad opaca. También, las relaciones conflictivas y tensas entre comunidades, empresas y Estado.
“Esta cultura se ha ido transformando en la República Dominicana, sobre todo a partir de la llegada al poder del presidente Danilo Medina Sánchez, que ha dado una serie de pasos tendentes a mejorar las relaciones contractuales y el marco normativo de la industria, fomentando la transparencia, fortaleciendo los mecanismos de regulación y evitando la discrecionalidad de los funcionarios en la aplicación de las normas”, subrayó Isa Conde.
Indicó que, paralelamente, la sociedad dominicana se ha ido empoderando de la visión de protección de los recursos naturales y exige mayores niveles de transparencia en la industria extractiva.
“En el contexto de este esfuerzo se inscribe la voluntad del Gobierno porque el país sea parte del estándar ITIE que redundará en un gran blindaje institucional para –desde la transparencia y las mejores prácticas que sustenta este protocolo- convertir las industrias extractivas en un verdadero motor del desarrollo”, expuso el ministro de Energía y Minas.
Durante su participación en la conferencia mundial, Isa Conde ha sostenido contactos de carácter técnico con el objetivo de conseguir asistencia de organismos internacionales, a fin de cumplir con las metas de EITI en el tiempo previsto para alcanzar la categoría de “país cumplidor”.
Entre los contactos hechos por el funcionario se citan reuniones con la vicepresidenta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Julie Katzman; Mary Burge Warlick la viceministra de minas de Colombia, María Isabel Ulloa, entre otros.
Acerca de EITI
La Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) es un estándar internacional que promueve la rendición de cuentas de las industrias extractivas, de forma que los ingresos que genera este sector se gestionen de manera transparente para impulsar el crecimiento económico dirigido al desarrollo sostenible y a la reducción de la pobreza.
A través de este mecanismo los países deben revelar públicamente los pagos que las empresas extractivas hacen a los gobiernos, reconciliados con los recibos de ingresos declarados.
