Los países de la Unión Europea (UE) aprobaron este viernes formalmente reducir de forma voluntaria el consumo de gas un 15% hasta primavera, con el voto en contra de Polonia y Hungría, así como una cláusula para que el Consejo pueda activar una “alerta” sobre seguridad de suministro que haría el recorte obligatorio.
El Consejo de la UE informó de que sólo esos dos Estados miembros votaron en contra en el procedimiento escrito que oficializó el acuerdo político alcanzado por los ministros de Energía de los Veintisiete en un consejo extraordinario celebrado la pasada semana en Bruselas.
“El propósito de la reducción de la demanda de gas es hacer ahorros para este invierno, con el fin de prepararse para posibles interrupciones en el suministro de gas de Rusia, que está utilizando continuamente los suministros de energía como arma”, señaló en un comunicado el Consejo de la UE, institución que representa a los Estados miembros.
Estos se han comprometido a reducir en un 15% su consumo de gas respecto a la media de los últimos cinco años, entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023.
El reglamento adoptado contempla excepciones que distintas capitales reclamaron tras conocer la propuesta inicial de la Comisión Europea, como la que permitirá a España o Portugal limitar ese recorte al 7% ante el bajo nivel de interconexiones con el resto de socios europeos.
“El Consejo acordó que los Estados miembros que no están interconectados con las redes de gas de otros Estados miembros estén exentos de las reducciones de gas obligatorias, ya que no podrían liberar volúmenes significativos de gas en beneficio de otros estados miembros”, indicó el Consejo.
Países insulares como Malta, Irlanda o Grecia también gozarán de excepciones, así como aquellos Estados cuya red eléctrica no esté sincronizada con la europea, como los bálticos, y también aquellas capitales que hayan superado sus objetivos de almacenamiento de gas, entre otros supuestos.
Las reservas de gas se encuentran actualmente a un nivel del 70.9%, en línea con el objetivo de llegar al 80% para el 1 de noviembre, aunque se está pagando el combustible a unos precios históricamente muy elevados.
El plan voluntario para reducir el consumo de gas podría volverse obligatorio si el Consejo, a propuesta de la Comisión Europea activa una “alerta” en caso “de riesgo sustancial de escasez grave de gas o de demanda de gas excepcionalmente elevada, o si cinco o más Estados miembros que hayan declarado una alerta a nivel nacional solicitan a la Comisión que lo haga”.
Los Estados miembros son los encargados de diseñar sus propios planes de ahorro de gas, tras haber acordado que darán prioridad a medidas que no afecten ni a los hogares ni “a los servicios esenciales para el funcionamiento de la sociedad, como las entidades críticas, la atención médica y la defensa”.
El Consejo sugiere caminos como “como limitar el consumo de gas en la generación eléctrica, fomentar cambios de combustibles en la industria, campañas nacionales de sensibilización, obligaciones específicas para reducir la calefacción y la refrigeración y medidas basadas en el mercado, como subastas entre empresas”.
Los planes nacionales de emergencia tendrán que actualizarse y las capitales informarán periódicamente a Bruselas de los cambios.
Cuando el reglamento, que es una medida excepcional y extraordinaria, cumpla su periodo de vigencia, la Comisión Europea analizará en mayo de 2023 si es necesario prolongarlo.
