España registró más de 305,000 delitos informáticos en 2021, lo que supone un 6.1% más con respecto a los datos registrados en el año anterior, según el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC).
Esta es una de las conclusiones a las que has que ha llegado recientemente la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de seguridad del Gobierno de España, correspondiente al Ministerio del Interior.
Este organismo ha publicado el “IX Informe sobre la Cibercriminalidad en España”, un análisis que recopila los datos registrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a lo largo del año pasado sobre a delincuencia informática y tiene en cuenta los resultados de organismos como el SEC y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC).
Concretamente, se tienen en cuenta los ataques advertidos en 2021 para compararlos con los años anteriores y conocer la situación de la criminalidad informática en España, en base a los resultados de encuestas realizadas por organismos como el Instituto Nacional de Estadística (INE) como europeos (EUROSTAT).
Según el escrito, las amenazas a la ciberseguridad se encuentran entre los objetivos de las instituciones públicas aunque la sociedad también debe ser consciente de los usos que hace de las tecnologías de la información (TIC) disponibles en el mundo.
En este sentido, los datos recopilados por el INE reflejan que, en 2021, se ha incrementado el porcentaje de viviendas que poseen ordenador y acceso a Internet, con respecto a 2020. Este incremento ha posicionado a España por encima de la media de la UE en relación al porcentaje de viviendas que disponen de red y conexión.
Sin embargo, desde el informe destacan que el aumento del número de usuarios de internet y la conectividad ha tenido como consecuencia directa el crecimiento de la ciberciminalidad.
Según los datos del Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) sobre este fenómeno en España, en el periodo comprendido entre 2017 y 2021 se constata el aumento de los delitos informáticos. Tanto es así que, en el último año se conocieron un total de 305,477 hechos, lo que supone un 6,1 por ciento más con respecto al año anterior. De esta cifra, el 87.4% corresponde a fraudes informáticos y el 5.7% a amenazas y coacciones por parte de los cibetestafadores.
No obstante, en el informe se hace una distinción entre los hechos conocidos y los esclarecidos, así como aquellos en los que se han producido detenciones e investigaciones a raíz de los ataques.
Por eso, mientras se registraron 305,477 estafas por estos medios, tan solo se esclarecieron 46,141 y solo 13,801 tuvieron como consecuencia la detención de algunos de los agentes maliciosos y la investigación de los acontecimientos.
La distribución de la Cibercriminalidad, desde el punto de vista geográfico, a lo largo de 2021, sitúa a Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana entre las Comunidades Autónomas que concentran mayor número de infracciones penales en este ámbito. Asimismo, a nivel provincial, encabezan la lista Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Alicante, Málaga y Vizcaya.
MÁS VÍCTIMAS HOMBRES POR AMENAZAS
Los cibercriminales llevan a cabo distintas técnicas con diferentes fines en este país, aunque los ataques que registran mayores porcentajes son las amenazas, el descubrimiento y la revelación de secretos, y los ataques informáticos.
Los datos relativos a las victimizaciones registradas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad determinan que la mayoría de las víctimas de ciberdelincuencia pertenecen al sexo masculino (un 51,9% en total) y tienen entre 26 y 40 años. En este caso, son los hombres los que suelen caer en trampas relacionadas con la falsificación informática y las amenazas y coacciones, según se destaca en el informe.
En cambio, cuando se trata de hechos relacionados con la usurpación del estado civil, delitos contra el honor o delitos con fines sexuales con menores de 16 años (el denomindo ‘groooming’) son las mujeres las que exceden en porcentaje a los hombres.
En cuanto a la nacionalidad de las víctimas, el informe determina que el 87.5 de ellas son españolas y el 12.5% restante, extranjera. En este caso, son mayoría las procedentes de Marruecos, Rumanía y Colombia.
Sin embargo, en relación a la nacionalidad de las detenciones o personas investigadas por acciones criminales en este ámbito, el informe apunta que el 79.3% de los usuarios implicados eran españoles.
El 20.7% restante se corresponde con ciudadanos europeos (5%), americanos (8.7%), africanos (4.7%) y asiáticos (0.8%), entre otras nacionalidades.
La mayoría de las personas detenidas o investigadas por ciberdelitos en 2021 tenían edades entre los 46 y los 40 años (1,720 de ellos), 18 y 25 años (871) y de 41 a 50 años (709 ciberdelincuentes en total).
CIBERCRIMEN EN LA UE
Este informe también toma como referencia 2017 porque en junio de ese año la Unión Europea estableció un marco para una respuesta diplomática conjunta de la UE a actividades ciberéticas maliciosas.
Desde entonces, y a pesar de que este marco se estableció en mayo de 2019, las propias instituciones han puesto en marcha una serie de medidas para promover una mayor resiliciencia contra la seguridad. Entre ellas, la creación de una identidad digital europea.
En los países miembro, los estafadores suelen elegir programas de secuestro de datos o ‘ransomware’ para perpetrar sus ataques, en los que el precio medio de los rescates se ha duplicado, según datos recopilados por la Agencia Europea de Seguridad de las Redes de la información (ENISA) y recuperados en este informe.
El ‘malware’, en cambio, se ha reducido en un 43 por ciento, mientras que la criptominería maliciosa continúa siendo el método de pago más frecuente entre los ciberdelincuentes, y el ‘phishing’ relacionado con la Covid-19 sigue dominando las amenazas por correo electrónico.
En esta misma línea y en relación a las violaciones de la seguridad de los datos, el análisis recuerda que se ha producido un aumento de ataques en el ámbito sanitario y que la pandemia ha sido uno de los principales temas de los ataques de desinformación.
