El Gobierno boliviano inició la transición a su nuevo sistema estatal de pensiones con el anuncio de actividades de la Gestora Pública, un proceso de nacionalización que había sido anunciado hace doce años, y que arrancó con el registro de los nuevos aportantes.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, junto al ministro de Economía, Marcelo Montenegro, oficializaron el inicio parcial de las actividades de la Gestora Pública en la administración de los Regímenes Contributivo y Semicontributivo del Sistema Integral de Pensiones, que será el único órgano en el país para este rubro.
Arce calificó de “histórico” este avance en el que los bolivianos ya no tendrán que registrarse en alguna Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) privada, sino en la Gestora Pública que está a cargo del Estado boliviano.
“Hoy estamos avanzando en la línea de que nuestras pensiones vayan pasando gradualmente, paulatinamente a ser administrados por nosotros mismos, los bolivianos, como siempre debió ser”, expresó Arce.
El presidente indicó que desde el viernes se comenzará con la inscripción de todos los nuevos aportantes para este fondo de pensiones al que se deberán afiliar todos los bolivianos que coticen.
Se prevé que la Gestora Pública concluya el proceso de migración de toda la información de los aportes registrados en las AFPS privadas, como AFP Futuro de Bolivia y Previsión, hasta mayo de 2023 cuando ya comience a operar completamente, a pesar de que esta entidad ya tiene siete años de creación.
“En América Latina hoy, hay cuestionamientos a las AFPS lo que nosotros ya habíamos avanzado, por tanto, debemos sentirnos orgullosos de ser los pioneros en la administración de pensiones”, expresó Arce.
Por su parte, Montenegro explicó que la Gestora Pública se va a centrar en “el bienestar del trabajador jubilado” y que las utilidades de esta entidad estarán destinadas a financiar el fondo solidario y la renta dignidad, un subsidio mensual que beneficia a mayores de 60 años.
Los asegurados ya no tendrán que pagar distintas comisiones, sino solamente una y esa institución tendrá unas 31 oficinas con el objetivo de dar una “atención personalizada”, indicó Montenegro.
Los fondos de pensiones de los bolivianos son administrados actualmente por las AFP Futuro de Bolivia y Previsión, esta última filial de la española BBVA, hasta que se concluya el proceso de la nacionalización del sistema de jubilación.
El Gobierno del entonces presidente Evo Morales aprobó en 2015 el decreto de constitución de la gestora pública de pensiones y en septiembre de 2017 emitió otra norma que pospuso el inicio de sus operaciones hasta marzo de 2019.
Precisamente en 2019 el Gobierno boliviano decidió postergar hasta 2021 el inicio de la administración estatal de pensiones debido a que el software no estaba concluido.
La Gestora Pública fue creada el 14 de enero de 2015 amparada en una ley promulgada en 2010.
En julio de este año el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) dictó un laudo arbitral que obliga a Bolivia indemnizar a BBVA con US$105 millones por el “retraso injustificado” en el proceso de la nacionalización del sistema de pensiones.
