Las iniciativas oficiales en procura de mejorar las condiciones de desarrollo y acceso a créditos blandos de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) muchas veces se quedan en anuncios o aprobaciones de iniciativas que terminan sin aplicación.
Esa es la razón por la que, a pesar de la aprobación de una ley para ponerle el “apellido” de “Mipymes” al Ministerio de Industria y Comercio y de que luego fueron consensuadas otras iniciativas para mejorar las condiciones de ese sector, que representa aproximadamente el 95% de las unidades productivas de República Dominicana, todavía sigue en constante lucha por su superación y con altos grados de vulnerabilidad.
El sector financiero dominicano ha estado insistiendo, a través de la Asociación de Bancos Múltiples (ABA), para que sean superados los obstáculos que, de un lado, han impedido la puesta en marca de la tan anhelada Ley 45-20 de Garantías Mobiliarias, que data de febrero de 2020, pero aún no se aplica.
Además de esa legislación, las mipymes esperan por otras tres iniciativas legales, que no solo fueron consensuadas y están en el Congreso Nacional, sino que ya han perimido en tres ocasiones en el órgano legislativo, sin que se observen muestras de interés real en apoyar a ese sector productivo.
Esos son los proyectos de leyes de Sociedades de Garantías Recíprocas, de Factoring y de Leasing, legislaciones que completarían las patas de la mesa para el desarrollo de las pymes y sobre las que la ABA ha estado pidiendo su aprobación, que no parece tener oídos en las cámaras legislativas.
¿Qué ha pasado?
En febrero de 2020 fue promulgada y publicada la Ley 45-20 de Garantías Mobiliarias. La idea de esta legislación es que las pymes puedan acceder a créditos blandos para su desarrollo productivo poniendo como aval bienes no inmobiliarios, como maquinarias, contratos de compra segura y otras figuras que aseguran ingresos futuros, aunque no sean tangibles.
Pero en eso vino la pandemia y luego un cambio de Gobierno que sufrió muchos atrasos para darle salida al reglamento de aplicación de la ley. Posteriormente, se determinó que no es posible su aplicación sin un Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias (SEGM), que ya fue licitado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) en coordinación con la Dirección General de Alianzas Público Privadas.
Sin embargo, de acuerdo con la presidente ejecutiva de la ABA, Rosanna Ruiz, se prevé que el SEGM entre en funcionamiento a principios de 2023, es decir, tres años habrán pasado sin que esta legislación comience a aplicarse.
Otras normativas
Pero la aplicación pura y simple de las garantías mobiliarias a través de la Ley 45-20 no sería suficientes para fortalecer de manera efectiva el desarrollo de las pymes en el país. Se requiere, además, la aprobación de otras tres legislaciones que no acaban de ser aprobadas por el Congreso Nacional.
Se trata, de un lado, del proyecto de Ley de Sociedades de Garantías Recíprocas, que la presidente de ABA define como un mecanismo para que sociedades como bancos financiadores, el propio Estado, organismos multilaterales y otras se integren en un núcleo que serviría de aval para el acceso a financiamientos de pymes que no tienen buena calificación y pueden mejorarla de esa forma.
Esto así, porque con ese núcleo de entes solventes las pymes que entren y que tal vez tengan una calificación “c” podrían avanzar a “b” o “a”, sin que necesariamente tengan esa condición como unidad productiva en solitario. El hecho de formar parte de un conjunto productivo diverso, le daría mejor acceso a créditos, porque estaría respaldada por una garantía recíproca.
En una visita a elDinero, ejecutivos de la ABA hicieron un llamado al Congreso Nacional para que sea aprobada esta legislación, que ha perimido en tres ocasiones en el Senado de la República, a pesar de ser tan necesaria para el sector de las mipymes.
“Yo creo que hay que mandar un mensaje de conciencia en nuestra parte legislativa”, dijo Ruíz, al agregar que ese conjunto de tres proyectos de leyes que faltan para completar las garantías mobiliarias, “realmente es un empuje a la fisonomía del aparato productivo, que más de un 95% son pymes”.
Agregó que con la aprobación de esas normativas, más una política de formalización de las pymes y la simplificación del aparato tributario, “que tengan libertad para acceder a créditos en mejores condiciones, entonces sería otro país que estaríamos construyendo”, agregó la presidente ejecutiva de la ABA.
Junto con Rosanna Ruiz y Naut Fernández, en el encuentro con elDinero participaron Julio Lozano Alaya, director de Estudios Económicos de la ABA, y Dalma Fernández, gerente de Banca Social, así como Pamela Castillo, directora de Comunicación.
Factoring y leasing
En República Dominicana se hacen negocios del factoring y leasing, a través del sistema financiero.
Pero esos mercados tienen debilidad en lo relativo a la regulación, pues se requieren dos legislaciones sobre ambos temas para su fortalecimiento. Los proyectos también están en el Congreso Nacional a la espera de su aprobación.
Sovesky Naut Fernández, gerente de Economía Digital y Mipymes de la ABA, explicó que el sector financiero hace leasing y factoring, “pero es mejor hacerlo de manera regulada para que así las tasas sean más favorables y que todos ganen con eso”.
Dijo que el leasing y el factoring facilitan y fomentan el financiamiento de capital de trabajo a las empresas, algo que es común en otros países y que aquí ya ha ido avanzado, aunque se requiere que el Congreso apruebe las normativas para su efectiva aplicación y desarrollo.
