[dropcap]P[/dropcap]ara la mayoría de las personas, contar con un empleo es la forma más directa de poder acceder a mayores ingresos. Los mayores salarios son determinados por la participación de esas personas en procesos que generan riqueza a partir de la producción de bienes y servicios valorados por los consumidores, sean locales o extranjeros.
Desde el CREES hemos enfatizado la necesidad de mejorar el clima de inversión del país como forma de crear mayores puestos de trabajo productivos que puedan elevar el ingreso promedio local. Para poder atraer más inversiones que puedan expandir la economía creando bienes y servicios, y más y mejores puestos de trabajo, es imprescindible realizar reformas estructurales que reduzcan los costos de hacer negocios y mejoren el clima institucional. Estas condiciones son esenciales para la movilidad económica de los ciudadanos por medio de un mejor mercado laboral.
Una de esas reformas estructurales pendientes es la del Código de Trabajo de la República Dominicana, creado con la Ley 16-92 del año 1992. En vista de que las legislaciones se miden por sus resultados, no por sus intenciones, es evidente que la regulación laboral dominicana, lejos de favorecer a la mayoría de los trabajadores dominicanos, les está perjudicando.
Más de dos décadas de la actual legislación laboral dominicana ha dado como resultado una tasa de desempleo que parece estructural en la cota del 14%. Ese desempleo ampliado incluye a los desalentados, aquellas personas que no continúan buscando trabajo de forma constante, y que representan más del 8% de la Población Económicamente Activa (PEA).
Otra característica del mercado laboral dominicano es la informalidad. De acuerdo con las cifras oficiales, alrededor de 54% de los trabajadores dominicanos se encuentran en la informalidad. De acuerdo con estimaciones realizadas por CREES, empleando una metodología ampliamente usada en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la informalidad supera el 63% de la PEA.
Los datos evidencian que la regulación impuesta por el Código de Trabajo está contribuyendo –junto a otras legislaciones, como es el caso del Código Tributario– a la generación de fuertes incentivos que mantienen a una gran proporción de los trabajadores fuera del mercado formal. Los participantes del mercado laboral local prefieren mantenerse fuera del alcance del Código con tal de poder establecer relaciones laborales, aunque las mismas tengan carácter informal.
Es importante tener en cuenta que en un mercado laboral caracterizado por alto desempleo y elevada informalidad es difícil mejorar los niveles salariales. Este es un hecho que debe ser ponderado, sobre todo cuando en la opinión pública se aboga por mayores salarios.
Primero, porque los salarios promedio en el sector informal tienden a ser inferiores a los del sector formal. Hecho verificable a partir de las estadísticas locales. Segundo, en una economía de bajo desempleo, los emprendedores tienen que incrementar los salarios para poder atraer empleados a que participen en los procesos productivos. La realidad dominicana, de baja inversión y altos costos de producción, produce lo contrario: desempleo y bajos salarios.
Algunas de las disposiciones de la regulación laboral local contribuyen a la existencia de mayores costos en la forma costos laborales no salariales. Cuando las empresas tienen que incurrir en costos que no guardan relación con el valor que aportan los trabajadores a la producción, se limita la contratación de empleados. En adición, crean pasivos contingentes que para muchas empresas representan importantes cargas para el sostenimiento de sus finanzas.
Desde el punto de vista de la necesidad de no poner trabas a la creación de empleos dentro de las limitaciones del clima de inversión local, el Código de Trabajo contiene rigideces que dificultan llegar a acuerdos voluntarios entre empleados y emprendedores.
Dichas rigideces no se limitan a costos más altos, sino que abarcan la manera de negociar los acuerdos laborales y los horarios de trabajo, entre otras. En otras economías, las negociaciones voluntarias e individuales entre empleados y empleadores permiten alcanzar acuerdos que repercuten en tasas más bajas de desempleo.
En República Dominicana, la legislación laboral desfavorece a quienes más necesitan moverse en la escala de ingresos: a la inmensa mayoría de trabajadores poco calificados, a los desempleados y a quienes se encuentran en la informalidad.
En resumen, la regulación laboral dominicana contribuye a resultados que son contrarios a favorecer objetivos económicos de crecimiento sostenible. Por un lado, permanece alta la tasa de desempleo. De otro lado, la alta informalidad refleja la exclusión de la mayor parte de los empleados del mercado laboral formal. Un hecho que no favorece la movilidad socioeconómica y fomenta, de jure, la desigualdad entre trabajadores.
Tomado de la página del CREES.
