“Es un crimen de lesa humanidad robar los recursos del INABIE porque estos están dirigidos hacia lo mejor que tenemos: esos niños, niñas, jóvenes y adolescentes que son quienes mañana nos van a gobernar”.
-Víctor Castro, director ejecutivo del Inabie.
Generalmente las instituciones se gerencian hacia adelante, es decir, desplegando esfuerzos e invirtiendo recursos para alcanzar los objetivos y metas acordados, buscando la excelencia y la aceptación del mercado. Sin embargo, en el sector público suelen verificarse situaciones en las que los planes que buscan altos rendimientos y reconocimiento mediático se ven trabados por una herencia gerencial infausta, reñida con la normatividad y los procedimientos que aplican, además de una sobrecarga de problemas que condicionan severamente la eficiencia y eficacia del servicio que se ofrece.
Tal es el caso del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), organismo autónomo y descentralizado que tiene entre manos el suministro de alimentos y utilería a nuestros escolares, al margen de la noble y permanente atención médica que ofrece (salud auditiva, visual y bucal). Como estos servicios están indisolublemente vinculados con la calidad del proceso de aprendizaje en las escuelas -claramente dependiente de una buena alimentación, cantidad y balance de nutrientes, y condiciones generales de salud óptimas-la actual gerencia, presidida por el ingeniero Víctor Castro, con mucho acierto, ha llamado en varias ocasiones la misión del instituto el bien mayor de los servicios sociales del gobierno.
¿Cuál fue la herencia? La lista de situaciones problemáticas encontradas es larga. Entre las más sobresalientes destacan los enormes e inaceptables atrasos en los pagos a proveedores que, en su gran mayoría, son micro y pequeñas empresas; diversas no conformidades detectadas en los expedientes financieros y en los contratos que demandaron recurrentes consultas a la Contraloría General de la República (CGR), y múltiples y enmarañadas irregularidades en las licitaciones 2020-21 y 2021-22, además de distintos tipos de incidencias en el Portal Transaccional de difícil solución relacionadas con los procesos de la Jornada Escolar Extendida (JEE), Pan y Galleta, Rural y Fronterizo, Urbano y textiles.
Una muy compleja dificultad fue el hallazgo de unos 2400 contratos que ameritaban la certificación por la CGR, requisito ineludible para proceder con el cumplimiento de las obligaciones financieras. Sin ninguna lógica archivística fueron encontrados contratos vencidos, sin firmas o que ameritaban el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de otros requisitos obligatorios.
Improbables resultaron los contratos elaborados al margen del proceso de adjudicación; adjudicaciones posteriores no respaldadas por las actas de adjudicación y adjudicaciones en centros ocupados o sustentadas únicamente en notificaciones administrativas a los proveedores.
Fue necesario reconstruir en sus detalles los “procesos de peritaje”, realizados en el período anterior. Estas situaciones, violatorias de la norma de compras y contrataciones y del debido proceso, demandaron múltiples correcciones mediante actas y actos rectificativos o aclaratorios del Comité de Compras, elaboración de modelos nuevos de adendas y edificantes consultas, como se ha mencionado, a la CGR, órgano rector en materia de fiscalización interna, evaluación del debido recaudo y manejo y uso e inversión de los recursos públicos.
Como resultado de lo descrito de manera muy resumida, llovieron las impugnaciones a los procesos y los piquetes exigiendo el saldo de las acreencias atrasadas se hicieron periódicos. No obstante, el suministro de alimentos de no se detuvo y una gran parte de los proveedores, a pesar de sus penurias materiales y económicas, comprendió la dimensión y complejidad del desorden administrativo con el que tuvo que lidiar, en agotadoras jornadas extendidas, la nueva gerencia del instituto.
Desde noviembre hasta la fecha los avances documentados pueden ser considerados loables y, en muchos casos, impresionantes, como veremos en las próximas entregas. En todo caso, más difícil que lidiar con las dificultades administrativas y financieras, es romper con el secuestro del instituto por grupos habituados a prácticas fuera de ley, siempre pensando en sus propios intereses.
