España crecerá este año el 4.6%, tres décimas más de lo pronosticado anteriormente, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que felicitó este miércoles al Gobierno por sus medidas sociales pero destacó la necesidad de controlar la deuda.
El organismo dejó sin cambios las proyecciones para 2023, en el 1.2%, un año en el que se espera que la inflación vaya “moderándose gradualmente” por la normalización de los precios mundiales de los combustibles.
En los próximos trimestres habrá un crecimiento “relativamente débil” por el deterioro de la confianza de los consumidores, pero en 2023 repuntará y para 2024 la producción ya habrá alcanzado niveles previos a la pandemia.
El dato para 2022 es incluso superior a las previsiones del Gobierno español (4.4%) y se extrae del análisis de una misión ordinaria que el FMI realizó al país. También es más alto que las propias previsiones que el organismo ofreció en octubre, en sus últimas reuniones anuales.
“Las medidas sin precedentes de apoyo público adoptadas en 2020–22 han ayudado a proteger a las empresas y los hogares”, señala el Fondo en un informe en el que destaca la recuperación del mercado laboral, con niveles previos a la pandemia, y el sólido desempeño del turismo.
Sin embargo, el FMI señala como prioridad que el Gobierno reduzca la excesiva deuda pública que ha acumulado, precisamente como consecuencia de las políticas sociales.
Estas perspectivas económicas “están sujetas a gran incertidumbre” por la evolución de la guerra de Ucrania, aunque “los riesgos en su mayoría se inclinan a la baja” por la escasa dependencia de España del gas ruso y su infraestructura bien desarrollada de gas natural licuado.
Políticas sociales pero con control de la deuda pública
En su informe, la institución dirigida por Kristalina Georgieva destaca el “oportuno despliegue del apoyo público” con políticas como los bonos sociales o el aumento del ingreso mínimo vital, que ha amortiguado el impacto de la fuerte subida de los precios de la energía, aunque “un mayor grado de focalización de las medidas sería deseable”.
Y es que, añade el FMI, “la mayor parte del apoyo fiscal se ha destinado a medidas no focalizadas y que distorsionan las señales de los precios”, como son las reducciones del impuesto sobre la electricidad y la bonificación de los carburantes, que han sido costosas desde el punto de vista fiscal y han beneficiado a los hogares de mayores ingresos.
“Las políticas de apoyo han de adaptarse a fin de proporcionar incentivos adecuados para reducir la demanda e incrementar la oferta, conteniendo a la vez los costos fiscales” y por ello es preferible el uso de transferencias directas, en lugar de la aplicación de medidas de reducción de precios.
Y es que el FMI señala que la respuesta del Gobierno a la pandemia fue “muy eficaz pero a la vez costosa” y por ello alerta que la deuda pública es demasiado elevada.
Por ello el organismo recomienda una reducción moderada del déficit fiscal estructural primario del próximo año —de un cuarto a medio punto porcentual del PIB— para ayudar a aliviar las presiones de los precios y reafirmar el compromiso con la disciplina fiscal. Esto supondría un ajuste de entre 3.000 y 6.000 millones de euros.
Una recomendación que está en línea con el plan del Gobierno, que contempla en sus presupuestos una reducción del déficit estructural de 0.3 puntos porcentuales.
“Se necesitaría un esfuerzo sostenido de consolidación para reconstruir el colchón fiscal”, que genere espacio para responder a shocks negativos en el futuro, añade.
Emprender una consolidación fiscal discrecional en 2023 “ayudará a impulsar la confianza de los inversores y a contener las presiones inflacionarias”, agrega el organismo.
Fiscalidad y finanzas
En temas fiscales, el FMI califica como apropiadas medidas como la subida de los impuestos a las energéticas y a la banca así como a las empresas y los hogares de altos ingresos que se han visto menos afectados por la crisis energética para financiar el apoyo a los más vulnerables.
Aunque, agrega, será importante vigilar la incidencia de los gravámenes sobre la disponibilidad de crédito, los costos del crédito y la resiliencia de los bancos, así como sobre los incentivos a la inversión de las empresas energéticas.
Estas medidas, señala, “deben ser temporales y no se deben considerar como un reemplazo de la necesaria reforma tributaria a medio plazo” que podría “ayudar a forjar el necesario consenso social y a apuntalar la confianza de los inversores”.
Aunque por el momento el sector financiero ha capeado bien la pandemia y las repercusiones de la guerra en Ucrania, el empeoramiento de las perspectivas macroeconómicas y el endurecimiento de las condiciones financieras probablemente erosionarán la capacidad de pago de los prestatarios en el futuro, apunta el FMI.
Estos están muy expuestos al aumento de los tipos de interés, dada la elevada proporción de hipotecas a tipo variable (aproximadamente un 75% de todas las hipotecas). Los mayores tipos de interés también incrementarán la carga financiera de las empresas, y el impacto será más severo para las pequeñas y medianas empresas (pymes).
En cuanto a lo laboral, el fondo asegura que las reformas laborales aprobadas en diciembre de 2021 están arrojando resultados positivos en términos de crecimiento del empleo indefinido, pero es demasiado pronto para evaluar su impacto general.
Y señala que sigue siendo importante mantener las políticas centradas en elevar la productividad a fin de mejorar los niveles de vida, ayudar a reconstruir los colchones fiscales y lograr que el crecimiento sea más inclusivo.
