[dropcap]P[/dropcap]ara que las industrias extractivas generen un impacto económico positivo en las zonas donde operan, fomentando el desarrollo sostenible y reduciendo la pobreza, es vital la transparencia en minería, en todos los procesos, desde la firma de los contratos hasta los ingresos que percibe el Gobierno por las actividades mineras.
República Dominicana acaba de ser admitida como país candidato a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, siglas en inglés), en la Séptima Conferencia Mundial de esta entidad, celebrada en Lima, Perú, del 23 al 25 de febrero. El país es el número 50 en ingresar a este protocolo internacional por la transparencia.
En una entrevista para elDinero, el ministro de Energía y Minas y presidente del Consejo Nacional de la EITI para República Dominicana, Antonio Isa Conde, y la secretaria Técnica de ese órgano, Vilma Arbaje, ofrecieron detalles sobre el proceso.
Antonio Isa Conde
¿Por qué República Dominicana ingresa a la EITI?
Lo fundamental del ingreso en la EITI es que demuestra el deseo del Gobierno de ser transparente en sus acciones, porque desde el momento en que comenzó a hacer esa gestión asumió el compromiso de que todos los contratos de la industria minera y los fondos que genera ese sector sean usados con la mayor transparencia posible.
¿Los informes de la EITI exigen rendición de cuentas?
Sí. El Gobierno tiene que dar cuentas de cada centavo que le entra y en qué lo usa, tiene que dar cuentas de cada contrato que firma y de cuál es su contenido. No todos los gobiernos asumen compromisos de esa naturaleza, porque mientras más opacidad, más capacidad de maniobra tienen. Cuando el Gobierno dio ese paso mandó una señal no solamente al país, sino al mundo de que una de sus banderas es la transparencia. Este es un paso importante porque incide directamente en la parte estructural y es la clave para eliminar el caldo de cultivo de la corrupción.
¿De qué depende el éxito del ingreso del país a esta iniciativa para la transparencia?
Esto funcionará en la medida en que la mayor parte de la sociedad entienda y se empodere de un compromiso de esta naturaleza y que los actores que participan en ello, sobre todo los de la sociedad civil, entiendan el compromiso que han asumido y lo hagan de manera objetiva. Si pedimos transparencia en el Gobierno tenemos que ser transparentes también los que participamos en la iniciativa; de no usarla para estorbar, sino para construir. Nosotros tenemos un compromiso de convertirnos en País Cumplidor, lo que implica crear una estructura que nos permita manejar las informaciones en el tiempo oportuno y de manera veraz. Pero, además, requiere que todos los actores, entre ellos los gubernamentales, se dediquen a trabajar para lograrlo. Es un reto grande y eso se hará mejor o peor en la medida en que la sociedad se empodere del proyecto.
¿Qué puede hacer la sociedad?
Mientras la sociedad en su conjunto no entienda la trascendencia de esto y no lo asuma, el esfuerzo de los organizadores será mayor, los obstáculos serán más grandes. Mientras más sectores de la sociedad se empoderen de este proyecto será mucho más fácil superar todos esos obstáculos, construir el proyecto de una manera fluida y transparente y en un plazo menor a 18 meses que República Dominicana se convierta en un País Cumplidor. Ese es nuestro reto y esa es nuestra responsabilidad.
Vilma Arbaje
¿Quiénes forman el Consejo Nacional de la EITI en República Dominicana?
La Comisión Nacional es un ente tripartito conformado por representantes de los sectores Gobierno, empresa extractiva privada y sociedad civil. Nuestra Comisión Nacional tiene 12 miembros, cuatro de cada uno de los sectores y todos tienen suplentes. La lidera el ministro de Energía y Minas, quien preside las reuniones. Sin embargo, todas las decisiones deben ser tomadas en conjunto por el grupo tripartito y el Plan de Trabajo que debió presentarse para ser País Candidato fue diseñado por esa Comisión.
¿De qué trata el plan de trabajo que se ha diseñado?
El primer eje de ese plan es recopilar la información necesaria para generar los informes EITI en un plazo de 18 meses, desde la aceptación de la candidatura, tras lo que la organización valida los datos para determinar si el país es cumplidor. Lo segundo es promover el uso adecuado de ese informe a través de campañas de divulgación y comunicación, donde también debe haber un proceso de educación, sensibilización y capacitación de los usuarios de ese informe. Y por último, en nuestro Plan de Trabajo se incluye un proceso de fortalecimiento institucional de la Comisión Nacional, creada el año pasado antes de presentarnos como candidatos.
¿Cuáles son los próximos pasos de la Comisión Nacional?
Al país le ha tocado un nuevo estándar, el de 2016, en donde hay información que antes no se pedía y que deberá plasmarse en ese informe, que tomamos como primer año el 2014. Ese informe tiene, primero, su marco legal e institucional.
¿Qué quiere decir eso?
Que ahí se define qué marcos legales existen en el país, cuál es el régimen fiscal, cuáles son los contratos y licencias existentes, cuál es el proceso de otorgamiento de registro de las licencias, qué contratos especiales existen y cuál es su contenido. Tiene que quedar plasmado quiénes son los propietarios reales, es decir, quiénes son los socios tanto si es una compañía como si es persona física. En el informe debe quedar constancia de cuál es la compañía socia y quiénes, a su vez, son los socios de esa compañía. Todo para que esté claro quiénes son las personas físicas que al final reciben los beneficios de esa explotación.
¿Se incluyen más beneficios para el Estado?
En la parte de ingresos hay que incluir regalías, el impuesto sobre la renta de las empresas, la producción compartida –cuando el Estado es socio–, las bonificaciones, las tasas…
La EITI
En 2003 un grupo de países, empresas y representantes de la sociedad civil asistieron a la Conferencia de la Casa Lancaster en Londres, donde suscribieron una Declaración de Principios para aumentar la transparencia de los pagos e ingresos generados por el sector extractivo.
Estos principios –centrados en la opinión de que la riqueza de los recursos naturales debe administrarse con transparencia para que sea una fuerza motriz que impulse el crecimiento económico sostenible y reduzca la pobreza– pasaron a conocerse como “Principios del EITI” y son la piedra angular de la iniciativa.
