Los ministros de Energía de los países de la UE buscarán cerrar este lunes un pacto para fijar techo de precio en las importaciones de gas en la UE, una última negociación que tiene bloqueados otros dos reglamentos de emergencia para responder a la crisis energética.
Los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la UE dejaron plasmado en las conclusiones de la cumbre del pasado jueves, adoptadas por unanimidad, que “el Consejo Europeo acoge con satisfacción los progresos realizados y pide al Consejo que finalice el 19 de diciembre de 2022 su trabajo”.
Ese documento incluye una fecha concreta, la de este lunes, una modificación respecto a borradores anteriores consultados por EFE en los que también se subrayaba esa urgencia, pero sin tanta concreción.
Los dos bloques de países, la mayoría que quiere un tope al gas en la que se encuentran Italia, España, Grecia o Bélgica, y los que son reacios a intervenir el mercado, como Alemania, Países Bajos o Hungría, han acercado posturas en los últimos meses. Pero falta por decidir, entre otras cosas, el precio de ese tope.
“El precio va a ser lo que centre la discusión. Se trata de saber qué es un precio excesivo”, señala una fuente diplomática.
Tras meses de debate, la Comisión hizo una primera propuesta legal a finales de noviembre para establecer ese tope en €275 el megavatio-hora (MWh) en el índice de futuros TTF de Ámstedam, que el pasado agosto rozó los €350.
El tope requería además una diferencia de €58 respecto a la media de otros mercados internacionales de gas natural licuado (GLN), así como ciertas condiciones de activación y desactivación.
Ya en manos de los países, ese borrador ha ido negociándose y se trabaja ahora con una propuesta de tope en €200/MWh con una brecha superior a €35 al precio medio en el mercado de gas natural licuado durante tres días y un “corredor dinámico” que hiciera evolucionar ese techo en función de la diferencia con otras plazas internacionales.
Se ha llegado además a un pacto sobre la posibilidad de que afecte a otros índices europeos de menos relevancia y a que se aplique sólo a los mercados organizados, dejando fuera las operaciones privadas (OTC).
También se han consensuado las cláusulas de desactivación y que exista una salvaguarda para anularlo si se produce una situación de emergencia, como que un Estado miembro quede desabastecido porque no atraiga a los compradores. Pero no las condiciones exactas de activación ni el precio.
Del acuerdo al llamado “mecanismo de corrección de mercado”, que se pretende habilitar a inicios de enero, dependen otros dos reglamentos que ha están políticamente acordados, pero cuya aprobación depende del tope al gas, relativos a las futuras compras mancomunadas de ese hidrocarburo y a la aceleración de permisos para instalar plantas de generación renovable.
