El Congreso de El Salvador aprobó la Ley Integral del Sistema de Pensiones que dicta un incremento del 30% de la pensión de vejez, mientras economistas plantean dudas sobre su sostenibilidad.
La nueva legislación forma parte de un paquete presentado por el Gobierno de Nayib Bukele, prometido en septiembre de 2021 y que, a pesar de las solicitudes de nacionalización de algunos sindicatos, deja el manejo de los recursos a cargo de las administradoras de fondos de pensiones (AFP).
La legislación señala que para que el cálculo de la pensión mínima de cada persona resulte mayor a US$390 y menor a US$400, “la pensión a pagar será de US$400”.
La cotización de los empleados será equivalente al 16% de su salario, anteriormente era del 15%.
De este total, el 7.25% provendrá del sueldo del trabajador y el 8.75% será aportado por el empleador. Esto significa un incremento del 1% para las empresas.
La ley establece que las AFP recibirán el 1% en concepto de comisión por la administración de los recursos.
Además, la reforma elimina el benefició del retiro anticipado del 25% de los ahorros de los trabajadores.
A esta norma se suman la Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), que supervisaría a las AFP, y la Ley Especial para la Emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales y Disolución del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales.
Esta reforma se da a poco más de un año de que el país realice elecciones generales y en las que Bukele buscará la reelección, a pesar de señalamientos de inconstitucionalidad.
Dudas de sostenibilidad
Horas antes de la votación, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) se mostró preocupado de que se diera una aprobación “apresurada” y puso en duda su sostenibilidad.
A juicio del Icefi, “es incierta la sostenibilidad del aumento de un punto porcentual en el aporte de los patronos, simultáneo al aumento generalizado de 30% propuesto para las pensiones”.
Agregó que “las propuestas mantienen que, en caso de que los fondos no sean suficientes, el sistema de pensiones seguirá tomando recursos del presupuesto público, lo que implicaría mayor presión en el mediano y largo plazo a las ya deterioradas finanzas públicas salvadoreñas”.
La economista Tatiana Marroquín señaló en sus redes que “uno de los componentes más graves de esta reforma” es que “toda la deuda de pensiones “será reestructurada a condiciones que no conocemos” y “eso es ilegal e inconstitucional.
En el paquete de reformas se incluye la disolución del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, un mecanismo aprobado en 2006 con el que se emitían títulos valores que las AFP adquirían con los fondos de los trabajadores.
Estos recurso se han venido utilizando para el pago de las pensiones de los jubilados en el sistema estatal abandonado en 1998. La responsabilidad de emitir estos certificados será el Instituto Salvadoreño de Pensiones.
La legislación que regirá estas emisiones indica que los certificados “al ser emitidos por una institución autónoma, serán únicamente de su responsabilidad”.
De acuerdo con el Icefi, en El Salvador ocho de cada 10 personas adultas mayores “no tienen acceso a una pensión, y solo una de cada cuatro personas que tienen un trabajo remunerado cotizan en el sistema previsional”.
