[dropcap]E[/dropcap]l teléfono móvil se ha convertido en una herramienta esencial para una enorme cantidad de personas. Se estima que los usuarios de teléfonos móviles inteligentes revisan su dispositivo entre 85 y 150 veces al día.
El teléfono móvil ahora es una extensión necesaria de la vida íntima de las personas. En él reposan fotografías, videos, correos, aplicaciones y documentos de importancia. Para los usuarios de teléfonos móviles es muy importante que la privacidad e intimidad de sus comunicaciones sean resguardadas ante cualquier vulneración.
Recientemente en Estados Unidos se desató una polémica debido a que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) le solicitó a Apple que desbloqueara un iPhone propiedad de uno de los dos asesinos que ultimó a 16 personas en San Bernardino, California, en 2015. Los asesinos decían pertenecer al Estado Islámico, por lo que al gobierno le interesa estudiar el contenido del teléfono móvil para determinar si existía inteligencia respecto a este movimiento terrorista.
La respuesta de Apple fue contundente al rechazar la solicitud externada y proceder a litigar el tema.
Apple alegaba que si fuese obligado a desbloquear el teléfono, estaría violando la privacidad de sus usuarios y la puerta quedaría abierta a que el gobierno accediera a cualquier teléfono móvil. Por su parte, los fiscales explicaban que era necesario por un tema de seguridad nacional y para fines de procesos judiciales.
Al final, no fue necesario que el tribunal determinara si procedía o no la orden de desbloqueo, ya que el gobierno pudo hacerlo sin la asistencia de Apple. Sin embargo, el caso es plantea la interrogante de determinar qué es más importante, la privacidad del individuo o la seguridad colectiva.
En República Dominicana, nuestra Constitución protege el derecho a la intimidad. Sin embargo, la misma Constitución establece que este derecho queda supeditado a “los casos que sean ordenados, de conformidad con la ley, por autoridad judicial competente o en caso de flagrante delito”.
En tal virtud, opinamos que si se planteara en nuestro país un caso como el que se le presentó a Apple en Estados Unidos, se podría ordenar -mediante los procesos establecidos por ley- que se procediera a desbloquear el teléfono móvil.
Es decir, si bien en Estados Unidos la pregunta de la privacidad versus seguridad no parecería tener respuesta todavía, la normativa dominicana nos ha llevado a escoger el camino de la seguridad por encima de la privacidad. Nos preguntamos: ¿habrá sido una decisión correcta?
