San Juan.- Un grupo de acreedores del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de Puerto Rico presentó este lunes una demanda ante el Tribunal Federal de EE.UU. en San Juan contra esta entidad, brazo financiero de la administración local que ha caído en la insolvencia.
Los demandantes, un grupo de fondos con sede en Nueva York e Islas Caimán que dice ser titular de 3.750 millones de dólares en deuda del BGF, reclaman que se impida a la entidad pública realizar cualquier pago o transferencia.
Las únicas excepciones serían todos aquellos pagos relacionados estrictamente con la prestación de servicios públicos esenciales para la seguridad ciudadana o con costes operativos, como el pago de nóminas.
En la demanda, de 26 páginas, se explica que estas medidas se piden ante la insolvencia en la que ha incurrido esta entidad -así como el propio Gobierno de este Estado Libre Asociado a EE.UU.- y el previsible impago en el que incurrirá en menos de un mes, cuando el 1 de mayo venzan instrumentos de deuda por valor de 422 millones de dólares.
“Ante la precaria situación financiera del BGF y la probabilidad de un inminente impago de sus bonos, el BGF tiene prohibido por ley hacer cualquier pago preferencial o transferencia a sus acreedores”, afirman los demandantes.
Sin embargo, y “violando la ley, el BGF ha seguido haciendo pagos a ciertos acreedores”, añaden los fondos, que reclaman al juez que decrete la paralización de esos desembolsos hasta que la deuda del banco sea debidamente reestructurada y deje de estar en peligro de liquidación.
Tras la radicación de esta demanda, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, convocó hoy a la mayoría legislativa para discutir sobre las posibles alternativas a la liquidación del BGF, que además de ser el fiscalizador y asesor del Gobierno, desde hace años es su principal prestatario.
En paralelo, continúan las negociaciones con parte de los acreedores para tratar de lograr una moratoria en el pago de las deudas y ganar tiempo para reestructurar el BGF, mientras crecen los rumores de que los ingresos inicialmente destinados a esta entidad se están desviando a bancos comerciales de la isla.
Fundado en 1942, el BGF guía las estrategias financieras de este Estado Libre Asociado y sus entidades públicas para financiar el desarrollo de inversiones públicas.
“Promovemos la competitividad y estabilidad fiscal de Puerto Rico para transformar nuestra economía en una de las más desarrolladas del mundo, contribuyendo así al bienestar social y económico de nuestra población. Servimos como banco, agente fiscal y asesor financiero del Estado Libre Asociado”, apunta en su web el propio BGF al describir sus funciones.
Además de servir como agente fiscalizador y asesor financiero, el BGF es el gran prestamista de los diferentes estamentos de la Administración pública, aunque desde 2001 tiene problemas de liquidez que ha ido subsanando con la emisión de nueva deuda.
Puerto Rico afronta una difícil situación financiera, con una deuda de unos 73.000 millones de dólares, sobre la cual el gobernador Alejandro García Padilla ha dicho que no podrá pagarse como estaba acordado y por ello pidió que el territorio pueda acogerse al Capítulo 9 de la ley de quiebras federal estadounidense.
Puerto Rico no puede acogerse a dicha ley, que le proveería de una herramienta para la reestructuración de la deuda pública, ya que la norma no considera a la isla como un estado más de la nación norteamericana.
