El presidente francés, Emmanuel Macron, se lanza a la reforma más ardua desde que llegó al Elíseo, con la que pretende retrasar la edad mínima de jubilación para garantizar el equilibrio del sistema de pensiones, y lo hace contra todos los sindicatos, contra la mayoría de la opinión pública y de casi toda la oposición.
Su primera ministra, Elisabeth Borne, dará a conocer el martes los detalles de la que ya en su primer mandato (2017-2022) describía como “la madre de todas las reformas”, pero que tuvo que dejar en la cuneta al irrumpir la crisis del coronavirus en 2020, y que ha sufrido sucesivos aplazamientos, el último hace apenas un mes.
Las últimas consultas de Borne con sindicatos y patronal el martes y el miércoles de esta semana, que pretendían transmitir la imagen de un Gobierno abierto a las discusiones hasta el último momento, sólo han servido para evidenciar que el choque de trenes es inevitable y que el pulso en la calle va a comenzar este mismo mes.
Laurent Berger, el líder de la Confederación Francesa de Trabajadores (CFDT), sindicato conocido por su talante negociador y por haberse comprometido con algunas de las grandes reformas sociales de los últimos años, dejó patente la falta de entendimiento total con la primera ministra y su voluntad de bloquear los planes de Macron con acciones conjuntas con todas las demás centrales.
“Es una reforma que hará el sistema más injusto”, que perjudicará sobre todo a los trabajadores “más modestos” y “la más dura” de los 30 últimos años, señaló Berger, que recordó que la CFDT desde al principio ha advertido que no aceptaría el retraso de la edad mínima de jubilación.
Retrasar la edad mínima de jubilación a 64 o 65 años
Pasar de los 62 años actuales a los 64 o 65 que baraja el Ejecutivo es el principal punto de la reforma y con diferencia el más polémico. El mismo Macron cuando en 2016 preparaba su campaña para el Elíseo pensaba en otros cambios y reconocía que subir esa edad mínima no sería justo porque perjudicaría a los que habían empezado a trabajar muy jóvenes.
Hervé Boulhol, responsable del informe sobre las pensiones públicas de la OCDE, explica a EFE que esos 62 años para la edad mínima de jubilación están “un poco por debajo de la media” de la organización, que es de 62.4 años (63 en España, por ejemplo).
Pero Boulhol hace notar que la mitad de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) tienen programadas reformas que en conjunto van a elevar esa media hasta 63.7 años (subirá a 65 años en España, a 67 en Suecia o a 68 en Italia), con lo que en ausencia de cambios en Francia, esa diferencia pasaría a ser más significativa.
Otro problema que tiene Francia para la sostenibilidad financiera es que a partir de los 60 años el porcentaje de los que siguen trabajando es de los más bajos del club, y eso queda ilustrado en que la edad media de salida efectiva del mercado de trabajo es de 60.4 años para los hombres y 60.9 para las mujeres en 2020.
Eso es mucho menos que la media de la OCDE, de 63.8 años para los hombres y 62.4 para las mujeres, y también mucho menos que la media de la Unión Europea, 62.6 años para los hombres y 61.9 para las mujeres.
Sin reforma, pensiones en números rojos
El Consejo de Orientación de las Pensiones (COR), un organismo público independiente que elabora análisis técnicos para alimentar un debate informado en Francia que son la base de discusión entre Gobierno e interlocutores sociales, predice que el superávit puntual del sistema de los dos últimos años se invertirá de forma duradera.
El COR anticipa, en concreto, un déficit de las pensiones que en los próximos diez años supondrá entre cinco y ocho décimas del producto interior bruto (PIB) anual y que los números rojos continuarán en el periodo de sus proyecciones hasta 2050.
El ministro de Hacienda, Gabriel Attal, calcula que, sin reforma, la deuda pública aumentará en medio billón de euros en 25 años. Y rechaza lo que proponen algunos sindicatos y partidos de izquierda, aumentar las cotizaciones patronales, porque estima que eso haría menos competitivas las empresas y sentenciaría a decenas de miles de empleos, además de arrastrar los salarios a la baja.
La OCDE, en su informe de diciembre de 2021, calculaba que el peso relativo de las pensiones públicas en Francia, que con el 14.8% del PIB ya era el tercero más elevado de los países miembros en 2018-2020 sólo por detrás de Grecia e Italia (en España era un 12.3%9, va a aumentar al menos hasta 2040, cuando pasaría a suponer un 15.2% del PIB.
