Estados Unidos alcanzó este jueves su actual techo de deuda de 31.4 billones de dólares. Pese a lo que pueda parecer, la situación no es nueva y ese límite al dinero que el país puede pedir prestado legalmente se ha elevado 78 veces desde el año 1960. Entonces, ¿qué ocurre ahora?
“Esta carta sirve para notificarle las medidas extraordinarias que el Tesoro ha comenzado a tomar hoy”, escribió hoy la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, a los líderes de las dos cámaras del Congreso para explicar cómo la Administración tratará de evitar un impago de la deuda nacional en los próximos meses.
Estas medidas incluyen suspender, hasta junio, los pagos al fondo de pensiones para trabajadores públicos que no sean necesarios de manera inmediata -unos pagos que deberán satisfacerse cuando se levante o se suspenda el techo de deuda.
También se suspenden los pagos al servicio de salud de los jubilados del Servicio Postal.
Los ajustes tienen como objetivo evitar, al menos durante los próximos meses, que el país incurra en un impago de su deuda pública, algo sin precedentes en la historia.
Pero si el Congreso, cuyo control está dividido entre conservadores -Cámara de Representantes- y demócratas -Senado- no acuerda levantar o suspender el techo, el país se verá forzado a dejar de pagar sus deudas, lo que podría provocar una crisis financiera global.
Es, de hecho, un mandato constitucional que “la validez de la deuda pública de Estados Unidos autorizada por ley (…) no debe cuestionarse, un argumento que la Casa Blanca esgrime para criticar a los legisladores republicanos que han propuesto establecer condiciones para dar luz verde a un aumento del techo.
He ahí el quid de la cuestión: legisladores conservadores, y entre ellos el presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, han sugerido que pedirán recortes de presupuesto para acceder a levantar el límite.
Algunos medios estadounidenses enfocan el asunto como una demanda de los congresistas más reaccionarios del Partido Republicano, que ostentan un gran poder en la cámara por la estrecha mayoría de su partido.
Lo cierto es que no es la primera vez que los conservadores tratan de ligar el techo de deuda a la aprobación de límites de gasto.
En 2011, durante la presidencia de Barack Obama (2009-2017), la Cámara Baja, entonces controlada también por los republicanos, se negó a subir el límite hasta que el demócrata accedió a aprobar una serie de restricciones al gasto público que han estado vigentes hasta hace poco.
El enfrentamiento generó la mayor incertidumbre en los mercados financieros desde la crisis de 2008, y resultó en un aumento de 1,300 millones de dólares en los gastos de financiación para el año 2011, según la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno estadounidense (GAO, en inglés).
El acuerdo de entonces llegó dos días antes de que Estados Unidos se enfrentara a la situación de ser incapaz de hacer frente a sus deudas, algo que llevó a la agencia de riesgo Standard and Poor’s (S&P Global) a rebajar la calificación crediticia del país desde “AAA” a “AA+”.
La medida del límite de deuda fue instaurada en 1917 en Estados Unidos para dejar de tener que aprobar cada petición de gasto del Tesoro durante la Primera Guerra Mundial, sin perder de vista el tamaño de la deuda.
Según resalta la Institución Brookings, ningún otro país del mundo, salvo Dinamarca, tiene una regla separada que limita la deuda, algo que para ese laboratorio de ideas demuestra la “inutilidad” de la medida.
Muchos medios avisan de que incurrir en un impago de la deuda podría llevar a Estados Unidos a sufrir una recesión inmediata. Como ejemplo, Brookings explica que en 1979, por un error administrativo, el país sufrió un impago parcial que elevó los costes de financiamiento en 40,000 millones de dólares en moneda actual.
Un impago total “sería jugar con fuego y pondría en riesgo la posición de EE.UU. como prestatario sin riesgo en los mercados de crédito globales”, dice la institución.
