Miles de directivas europeas que durante décadas se fueron acumulando en la legislación británica deben ser ahora revisadas antes de que caduquen al final de 2023, una tarea contrarreloj sin precedentes, según los expertos, y la mayor revisión legal en la historia contemporánea del Reino Unido.
El Gobierno ha identificado 2,417 regulaciones que provienen del cuerpo legal de la Unión Europea (UE), si bien el Archivo Nacional, que conserva los documentos oficiales de la nación, eleva esa cifra a cerca de 4,000, y podrían continuar aflorando piezas durante años.
Estándares medioambientales y de fabricación, regulaciones agrícolas y derechos laborales están entre los ámbitos más expuestos, aunque casi todos los espacios legales están afectados.
El primer ministro, Rishi Sunak, ha heredado la urgencia con la que había prometido deshacerse de esas directivas europeas Boris Johnson y esta semana la Cámara de los Comunes ha dado luz verde al mecanismo para derogarlas automáticamente, salvo excepciones, en menos de doce meses.
“No conozco otro ejemplo en prácticamente ningún lugar del mundo en el que se haya producido un esfuerzo tan radical para eliminar legislación sin consideraciones. No tiene precedentes”, afirmó a EFE Joelle Grogan, experta en derecho en el “think tank” académico UK in a Changing Europe.
Sunak, que en su campaña para hacerse con el liderazgo de los “tories” publicó un vídeo arrojando leyes europeas a una trituradora de papel, ha contentado al sector más euroescéptico de los conservadores, al tiempo que ha recibido duras críticas de la oposición, que cree que la premura para borrar de un plumazo décadas de trabajo regulador evitará un escrutinio parlamentario adecuado.
El mecanismo que ha diseñado el Gobierno le otorga las competencias para sustituir cualquier pieza de legislación europea con artículos que considere que “logran los mimos o similares objetivos” que la directiva comunitaria, o incluso incluir las “provisiones alternativas” que consideren apropiadas.
Ruth Fox, directora de la Hansard Society, un grupo de pensamiento especializado en asuntos legales, ha descrito esa prerrogativa como un “poder para hacer lo que se quiera”.
El Ejecutivo conservador ve el ejercicio como una oportunidad para deshacerse de normativas que considera trabas burocráticas europeas y “sacar provecho” del Brexit en diversos ámbitos, como en regulaciones sobre edición genética, robótica e investigación alimentaria.
“No queremos seguir como esclavos los dictados de la Unión Europea, eso significaría perder todas las ventajas del Brexit”, dijo en la Cámara de los Comunes Jacob Rees-Mogg, el diputado conservador a cargo del programa para eliminar las normativas comunitarias.
A pesar de que el mecanismo que está tramitando el Parlamento para cumplir esos planes deja la puerta abierta a posponer hasta 2026 la decisión sobre ciertas disposiciones particulares, los expertos alertan de la incertidumbre legal a la que pueden verse abocadas compañías y trabajadores cuando entre en vigor la cláusula de caducidad, en diciembre de este año.
“Veremos muchos litigios en los que, por ejemplo, una empresa de seguridad alimentaria se dará cuenta de que una ley que establecía ciertos estándares para un producto, o cierto etiquetado, ha desaparecido, por lo que decidirá dejar de aplicarla. Pero el regulador podrá tratar de argumentar que todavía se espera que se cumplan esos estándares”, argumentó Grogan.
La situación se complica aún más a la luz del Tratado de Comercio y Cooperación que Londres y Bruselas firmaron antes del Brexit, que exige al Reino Unido alinearse con los estándares comunitarios en muchos ámbitos.
Si el Ejecutivo deja que caduquen ciertas directivas en ámbitos como el medioambiente y los derechos laborales, la UE podría argumentar que está violando el acuerdo del Brexit.
La titánica reforma legal que afronta el país había recibido escasa atención mediática hasta ahora, eclipsada por asuntos como el controvertido Protocolo para Irlanda del Norte, por lo que la mayoría de las empresas que se verán afectadas no conocen sus consecuencias.
Solo el 4 % de las firmas británicas comprenden “por completo” las implicaciones de los planes del Gobierno, según una encuesta elaborada por las Cámaras de Comercio del Reino Unido, mientras que el 71 % no conocen detalles sobre esos planes o bien ni siquiera son conscientes de que existan.
