En las discusiones sobre varias reformas normativas, se ha planteado la propuesta del Poder Ejecutivo de la creación de un Ministerio de Justicia. Este nuevo ministerio vendría a ser un complemento y asumiría ciertas funciones de la Procuraduría General de la República (PGR), conforme detallamos más adelante.
La propuesta merece ser seriamente considerada y puede que sea beneficiosa para el sistema de administración de justicia en nuestro país.
La PGR es un órgano del Poder Ejecutivo, y el nombramiento del titular, así como los principales subalternos, depende de un decreto emitido por el Presidente de la República.
Este organismo tiene una multiplicidad de funciones, algunas de las cuales se pueden considerar hasta contradictorias entre sí, como lo son: realizar las investigaciones y formular cargos, cuando sea apropiado, contra quienes infringen la ley; representar al Estado en procesos tanto penales (cuando se acusa a una persona de cometer un crimen) así como ante los civiles y administrativos (cuando el Estado es demandante o demandado en los tribunales ordinarios); regula las asociaciones sin fines de lucro; emite certificaciones, y también es administrador de las cárceles.
En este contexto, se ha propuesto la creación del Ministerio de Justicia, el cual estaría encargado de administrar “los asuntos de gobierno relacionados a justicia, sistema penitenciario y derechos humanos”. Este ministerio asumiría la carga administrativa y gerencial de la Procuraduría, para que ésta se encargue de los temas de persecución penal. En la propuesta, el Ministerio de Justicia quedaría a cargo del ministro de Justicia, el cual sería designado mediante decreto del Poder Ejecutivo.
La principal noción y razón de la propuesta es de dos vertientes: la primera, eficientizar las labores administrativas y de carácter gerencial del Poder Ejecutivo en materia, por ejemplo, penitenciaria o de gestión de asuntos civiles y administrativos ante los tribunales; y segundo, permitir que la PGR sea un órgano totalmente concentrado y especializado en la formulación y prosecución de la política de combate a criminalidad del Estado, conforme lo establecido en el Código Penal.
Esta especialización resultaría conveniente pues redundaría en mayores eficiencias y enfoque en sus respectivas misiones por los dos organismos, lo que pudiera ser beneficioso para lograr los objetivos de cada uno de ellos, y por ende, de la sociedad.
Se ha anunciado que la creación del Ministerio de Justicia no conllevaría un aumento en partida presupuestaria (entendemos que más allá de los aumentos requeridos conforme las solicitudes de operación que se formulan todos los años), sino que se estaría especializando una parte del presupuesto de la Procuraduría para estos fines. En tal virtud, esta nueva creación no representaría una carga financiera para el Estado, sino que podría ser un elemento de mayor eficiencia.
Sin lugar a duda, es necesario plantear la revisión y actualización de aspectos normativos relacionados al rol de administración de justicia por parte del Poder Ejecutivo para contar con un sistema legal fuerte, y esta propuesta de reforma merece ser considerada debido a los beneficios que pudiera traer.
