La explotación sexual infantil en entornos digitales continúa creciendo de forma significativa en República Dominicana. Solo en 2024, el país registró 79,020 casos de material de abuso sexual infantil en línea, lo que representa un aumento del 144.4% en comparación con 2019, equivalente a 46,695 casos adicionales, según revela un estudio presentado por el Centro Internacional de Niños Desaparecidos y Explotados (Icmec, por sus siglas en inglés).
El informe advierte que, aunque el acceso a internet ofrece oportunidades educativas y de socialización para niños, niñas y adolescentes, también los expone a graves riesgos vinculados al abuso y la explotación sexual a través de plataformas digitales. Durante la presentación del estudio, Laura Suárez, oficial regional de programas del Ncmec para América Latina y el Caribe, explicó que estos reportes en República Dominicana posiblemente contengan más de una víctima. “Puede haber más de una víctima, si nos vamos a que hubiese una sola estaríamos hablando casi de 79,000 niños, niñas y adolescentes que están siendo vulnerables. Esto debe representar una alerta para todos nosotros”, indicó Suárez a elDinero.
En tanto, Byron Velásquez, gerente de programas del Icmec, alertó que el crecimiento sostenido de estos delitos está poniendo a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones dominicanas responsables de proteger a la niñez. Velásquez reconoció que República Dominicana cuenta con un marco legislativo con avances importantes y alineado con los compromisos internacionales asumidos mediante la Convención sobre los Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo, además de instrumentos como el Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y el nuevo Código Penal, que incluye tipificaciones más precisas y penas más severas. Sin embargo, sostuvo que persisten importantes debilidades en la articulación institucional y en la creación de políticas públicas específicas para enfrentar la violencia sexual infantil en línea.
“El fenómeno del abuso y la explotación sexual infantil en entornos virtuales requiere una respuesta integral y articulada del Estado, enfocada no solo en los hechos que ocurren en el ámbito físico, sino también en los riesgos presentes en las plataformas digitales”, expresó Velásquez al presentar el “Estudio Multisectorial de Respuestas y Capacidades (MRC) República Dominicana 2026”, dado a conocer en mayo de este año.
Citó que según la más reciente Evaluación Global de Amenazas de WeProtect, dos de los mayores desafíos actuales para los gobiernos son el incremento del material autoproducido por menores y el uso de inteligencia artificial para generar contenido ilegal de abuso sexual infantil.
El informe sugiere formular una política nacional integral o un plan específico sobre abuso y explotación sexual de NNA que contemple los delitos en línea, establezca indicadores y protocolos comunes y promueva la coordinación multisectorial. Asimismo, recomienda diseñar un sistema de indicadores específicos que oriente la toma de decisiones y la evaluación del impacto de las políticas públicas.
Limitaciones en la atención a NNA víctimas
El estudio también identificó graves limitaciones en la atención a las víctimas. Rosa Corea, gerente nacional para Honduras, advirtió que el país carece de un modelo integral y sostenido que garantice la recuperación plena, el acompañamiento a largo plazo y planes individualizados para niños, niñas y adolescentes afectados por estos delitos. Señaló, además, que las instituciones enfrentan deficiencias en cobertura territorial, capacitación especializada, coordinación interinstitucional y recursos técnicos y humanos.
Corea recomendó que el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) lidere una actualización urgente de las políticas públicas para incorporar de manera explícita los delitos sexuales en línea, así como la creación de una línea nacional de ayuda gratuita y confidencial dirigida exclusivamente a menores de edad víctimas o en situación de riesgo.
Por su parte, Suárez insistió en la necesidad de fortalecer la coordinación entre el sistema de justicia penal y las instituciones de protección infantil. Indicó que entidades como la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) y el Conani deben trabajar de manera articulada para garantizar medidas de protección y restitución de derechos para las víctimas.
Suárez también planteó reforzar las capacidades técnicas, humanas y tecnológicas de la Pedatec para ampliar su cobertura nacional y mejorar la investigación de los delitos de abuso y explotación sexual infantil en línea, en momentos en que las denuncias y los casos continúan en aumento.
De acuerdo con datos recientes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), seis de cada 10 adolescentes en el país se sienten inseguros en los espacios digitales que utilizan, una percepción que afecta especialmente a las chicas.
A nivel mundial
El estudio señaló que la explotación y el abuso sexual infantil en línea continúan aumentando a niveles alarmantes en todo el mundo. Solo en 2024, la CyberTipline del Ncmec recibió 20.5 millones de reportes por sospecha de abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (Aesnna), los cuales contenían más de 62.9 millones de imágenes, videos y archivos vinculados a estos delitos.
En tanto, en 2025, las líneas directas de Inhope identificaron e intercambiaron más de 4.7 millones de registros sospechosos, lo que representa un incremento superior al 450% respecto al año anterior. Asimismo, la Internet Watch Foundation (IWF) alertó que inspeccionó una página web cada dos minutos y que, cada tres minutos, encontraba contenido de abuso sexual infantil, siendo las principales víctimas (98%) niñas de entre 7 y 13 años.
La organización también identificó 705 URL en la “dark web” dedicadas a distribuir o comercializar este material, un aumento interanual del 33%.
