República Dominicana tiene una gran cantidad de empresas muy pequeñas, al igual que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. En efecto, según el estudio Panorama Digital de las Mipymes de América Latina (Ibarra, G., Vullinghs, S. y Burgos, F.J., 2021) alrededor del 98.4%, es decir, 12,680,739 son microempresas y/o pequeñas empresas (Mypes).
No obstante su importancia numérica, lo cierto es que un porcentaje importante de este tipo de empresas son informales, con todo lo que acarrea e implica esa condición. Por ejemplo, un estudio elaborado por Ferraro, C. y Rojo, S. (2018), por encargo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), da cuenta de que las firmas pequeñas generalmente tienen baja productividad –6% en relación a lo que logran las empresas grandes-.
Este nivel de informalidad de las empresas pequeñas y micro, según estos mismos autores, es un fenómeno multidimensional en el cual intervienen factores económicos, estructurales, institucionales y políticos. En ese sentido, se destaca que esta baja productividad no permite enfrentar los costos de la formalización como uno de los principales determinantes del fenómeno de la informalidad en las empresas de menor tamaño relativo.
Adicionalmente, “la complejidad de procedimientos, la percepción de escasos beneficios de la formalidad y la reducida fiscalización y sanción social, son otros factores que no contribuyen a la formalización” (OIT, 2014). Así también, se ha comprobado que esta brecha de productividad incide de manera importante en los ingresos laborales. De hecho, en el 2013 los trabajadores por cuenta propia y los ocupados en microempresas presentaban, respectivamente, ingresos un 30% y un 10% menores que el promedio de la economía”.
Además de la baja productividad, los estudios mencionan otros elementos que conducen a que los pequeños negocios permanezcan en la informalidad, siendo los principales: (i) la complejidad del marco regulatorio, (ii) la escasa percepción de los beneficios de la formalización, y (iii) la reducida fiscalización y escasa sanción al incumplimiento. Aún más, los trabajadores de las empresas informales carecen de seguro social, en adición a que no tienen acceso a pago de cesantías ni a prestaciones laborales.
La interrogante central frente al tema de la informalidad es cuáles políticas publicas implementar a fin de revertir este fenómeno? Lo primero es que todos los expertos en la cuestión de la informalidad apuntan a que esta requiere de una respuesta integral, no aislada, que incluya, entre otras cosas: “el fomento del crecimiento económico sostenido con empleos de calidad; mejoras en el marco normativo; fortalecimiento de la institucionalidad; promoción del diálogo social; organización y representación de los trabajadores; fomento de la igualdad y la lucha contra la discriminación, ya sea por género o migrantes. Igualmente, el apoyo a la iniciativa empresarial; el desarrollo de competencias profesionales; la financiación; la ampliación de la protección social y el desarrollo económico local”.
Finalmente, entendemos que, a partir de todo lo anterior, existen dos cosas que será necesario tomar en cuenta en cualquier enfoque que se utilice para promover la formalización de las microempresas y las pequeñas empresas. El primero es que hay que erradicar el concepto de que formalizarse es sinónimo de pagar impuestos y de terror a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
El segundo es que la formalización debe fomentarse mediante el otorgamiento de incentivos, no necesariamente dinero, exenciones o exoneraciones, sino a partir de facilidades gubernamentales vinculadas a procesos y procedimientos, rapidez en las respuestas, acompañamiento y asistencia técnica, entre otros. En definitiva, la formalización de negocios debe ser un party y no un camino tortuoso que nadie quiere transitar.
