Washington.- España y Reino Unido se colocaron este lunes bajo la lupa de la opinión pública por el escándalo de los papeles de Panamá, que han destapado miles de empresas y activos opacos en todo el mundo y que ya han comenzado a influir en las normas fiscales de varios países, como Nueva Zelanda.
Las revelaciones publicadas por medios afiliados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), con sede en Washington, sobre miles de empresas y activos opacos creados en numerosos países a través del bufete panameño Mossack Fonseca continuaron generando reacciones.
Durante la jornada, se pusieron de relieve los desacuerdos entre Panamá, que defiende que la evasión fiscal es un problema global, y organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que pide más transparencia y colaboración al país centroamericano para evitar la evasión de impuestos.
“A pesar de su nombre, los papeles de Panamá no se refieren principalmente a Panamá. Ni siquiera tratan principalmente de empresas de Panamá”, defendió el presidente panameño, Juan Carlos Varela, en un artículo de opinión publicado en el diario The New York Times.
Desde el estallido del escándalo, el Gobierno panameño ha tratado de defender los “altos estándares de transparencia” de su sistema financiero frente a las fuertes críticas del exterior y la decisión de Francia de tomar la iniciativa y volver a incluir a Panamá en su lista de paraísos fiscales.
No obstante, las filtraciones también han abierto interrogantes sobre otros países, como Nueva Zelanda, donde el Gobierno anunció este lunes que revisará sus leyes de fideicomiso.
La vulnerabilidad del marco legal neozelandés ha permitido supuestamente que numerosas empresas vinculadas a las estructuras internacionales de evasión de impuestos anidaran en el país oceánico y, por eso, ahora las autoridades quieren revisar las reglas y ver si pueden mejorarlas.
Al paso de los posibles interrogantes sobre EE.UU, una de las naciones menos mencionadas en las filtraciones, salió el secretario del Tesoro, Jack Lew, quien defendió que el sistema impositivo del país está “entre los mejores del mundo”, aunque admitió también que hay “más trabajo” por hacer para “cerrar lagunas fiscales”.
A pesar del debate de fondo, el impacto de la filtración siguió sintiéndose en Reino Unido, donde este lunes el primer ministro británico, David Cameron, compareció ante la Cámara de los Comunes para disipar la controversia surgida a raíz de las filtraciones y su participación en un fondo de inversión en un paraíso fiscal.
En respuesta, Cameron anunció que se elaborará una nueva ley para perseguir a bufetes y bancos que ayuden a sus clientes a cometer fraude fiscal y reveló además un acuerdo con prácticamente todas las dependencias de la Corona británica para compartir información fiscal con Londres, incluidas las islas Vírgenes, las islas Caimán y la isla de Man.
También en Europa, el ministro de Industria, Energía y Turismo de España en funciones, José Manuel Soria, apareció en los papeles de Panamá como administrador de una sociedad en Bahamas durante unos meses del año 1992, algo que él negó “tajantemente” y que ha causado un enorme revuelo político.
Las reacciones no se hicieron esperar por parte de diversos partidos políticos de la oposición, que pidieron responsabilidades e incluso la dimisión del ministro español.
La semana promete seguir generando reacciones a los papeles de Panamá de influyentes instituciones y poderosos grupos de países, como el G20 (países desarrollados y emergentes), que se darán cita esta semana en Washington coincidiendo con la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).
El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, anunció este fin de semana que tiene intención de pedir la cooperación de los socios del G20 para reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal, según informaron los diarios Handelsblatt y Die Welt.
Este domingo se cumplió una semana de la masiva filtración que salpica a 140 políticos y funcionarios de todo el planeta y que ya ha provocado la dimisión como primer ministro de Islandia del liberal Sigmundur David Gunnlaugsson.
