El trámite parlamentario de la reforma de las pensiones francesas entra mañana, miércoles, en su recta final, en medio de continuas protestas de la oposición y los sindicatos, con la huelga de las basuras de París como exponente visible del descontento de los trabajadores.
Más de 7,000 toneladas de basuras se acumulan hoy en las aceras de la capital, y aunque el paro sólo afecta a la mitad de sus veinte distritos, se ha convertido en un auténtico problema en las zonas afectadas que se manifiesta, por ejemplo, en la proliferación de ratas.
La huelga de basureros afecta también a varias ciudades grandes (Nantes, Rennes y Niza) y medianas (Montpellier, Le Havre, Saint-Brieuc y Vallauris), pero es en París donde ha tomado más protagonismo debido a sus evidentes ramificaciones políticas.
La alcaldesa de la capital, la socialista Anne Hidalgo, ha sido blanco repetido de las críticas de miembros del Gobierno, que le reprochan estar favoreciendo que la situación se pudra al no recurrir a empresas privadas para retirar las basuras ante el paro de los trabajadores municipales, responsables de la tarea en diez de los veinte distritos de la ciudad.
“Es la misma Anne Hidalgo la que hace huelga. No hace nada, y en una situación como ésta, no se puede no hacer nada”, denunció hoy el ministro de Transportes, Clément Beaune, que aparece como uno de los pretendientes a la alcaldía en la próxima elección.
Las aceras de amplias áreas de la capital francesa están atestadas de basuras acumuladas, a fin de que no interfieran con la circulación, entre voces contrapuestas de ciudadanos que entienden la protesta y de otros que critican su impacto en la vida diaria.
El problema no se limita a la recogida de basuras, sino que hay piquetes que bloquean el acceso a las tres incineradoras de residuos del área metropolitana de París, situadas en Issy les Moulineaux, Ivry sur Seine y Saint Ouen.
Diferentes voces de la derecha piden que el Gobierno obligue a la vuelta al trabajo por razones de salubridad.
Recta final en el parlamento
A la de los servicios de basuras se van a añadir otras huelgas el miércoles, como los de una parte de los controladores aéreos que van a obligar a suprimir un 20% de los vuelos en el aeropuerto parisino de Orly, coincidiendo con la recta final del proceso parlamentario para aprobar la reforma de las pensiones, que cada vez se presenta más compleja para el Gobierno.
Mañana, que es también la octava jornada de manifestaciones sindicales, se reúne la comisión paritaria Asamblea Nacional-Senado (formada por siete parlamentarios de cada cámara) que debe acordar un texto común.
La presidenta de la Asamblea Nacional, la macronista Yaël Braun-Pivot, rechazó hoy que ese debate sea emitido por televisión, tal como había pedido la oposición de izquierda para que los ciudadanos pudieran ver en directo la posición de cada uno de los miembros de esa comisión.
El texto que salga de allí (hay seis miembros de partidos del bloque macronista y cuatro del conservador Los Republicanos, LR, que en este asunto se ha aliado con el Gobierno) será luego sometido a debate y votación en las dos cámaras el jueves. En el Senado a partir de las 09:00 hora local y en la Asamblea desde las 15:00.
Estas sesiones se presentan muy tormentosas y bajo presión, ya que los líderes de los principales sindicatos han anunciado que se manifestarán ante la sede de la Asamblea Nacional.
Además, a pesar de que el bloque macronista y LR suman la mayoría absoluta en las dos cámaras (287 en la Asamblea), un número apreciable de sus legisladores no han garantizado aún su voto favorable, lo que pone en peligro el éxito de la votación.
Según los cálculos de los medios franceses, sólo hay unos 281 diputados en favor de la reforma, pero la primera ministra, Elisabeth Borne, aseguró hoy que “la mayoría existe”, aunque por si acaso lanzó un anzuelo a los indecisos para decirles que el voto afirmativo a la reforma “no supone un apoyo al Gobierno”.
En esas circunstancias inciertas, el Ejecutivo no descarta volver a recurrir al controvertido artículo 49.3 de la Constitución, que le permite aprobar textos sin votación, pero que puede generar un coste político muy grande para Macron y para su movimiento.
