La ecuación es una afirmación que dice que “esto es igual a aquello”, de manera que, al ponerse uno de frente a una ecuación puede decir que lo de la izquierda es igual a lo de la derecha. Sin embargo, no todas las ecuaciones son fórmulas, para que lo sea tiene que tener lo que se denomina sujeto, que es la variable que se encuentra a la izquierda de la igualdad, aunque el álgebra tiene forma de descomponerla para luego recomponerla y convertirla en fórmula. La formula puede tener el signo de igualdad, como no tenerlo, en cambio, la ecuación tiene que tener el signo de igualdad.
En cuanto a lo que trata esta opinión, nos referimos en forma simultánea a una fórmula y a una ecuación, como una herramienta de cálculo que permite cuantificar lo que ha hecho la presente gestión gubernamental, basada en sus propios registros de los datos concernientes a las finanzas públicas, en sus tres principales componentes, el gasto, los ingresos y el financiamiento.
La ecuación y fórmula del gobierno se puede leer como aquella que iguala el desempeño económico del gobierno (DEG) a lo que ha sido el comportamiento de la inflación (TI), el gasto público (GP), los ingresos (I) y la inversión pública (IP). El GP que se examina en este trabajo, excluye lo que corresponde a la IP.
El desempeño del gobierno aquí lo delimitamos a lo que son los resultados de aquellas variables que son de su exclusiva responsabilidad o bien de su mayor atención en materia económica. En el caso del comportamiento de los precios, la alta inflación ha tenido un impacto negativo en todo, sobre los consumidores, deudores, los que tienen capacidad de ahorro y también, sobre los que reciben ingresos fijos.
Por el lado de la deuda pública, el incremento del financiamiento siempre resulta negativo cuando no se destina a la inversión pública, en virtud de la nula promoción del crecimiento económico y la ausencia de elevar el patrimonio del país, mediante las obras de infraestructura que se dejan de construir. De igual manera, el aumento de la deuda presiona a la rigidez presupuestaria, por aquello del pago del servicio de la deuda.
En cuanto a los ingresos fiscales, estos pueden tener un efecto positivo siempre y cuando contribuyan a disminuir el déficit fiscal y no atente contra la actividad económica privada, colocándole una presión tributaria más allá de la que permite la competitividad regional.
En cuanto al gasto público, la evidencia respalda que puede hacer crecer a la economía a través de su efecto multiplicador, especialmente si el componente del gasto de capital es elevado, dado su conexión con la elevación de la productividad de la economía y por esa vía su nivel de competitividad. La inversión pública forma parte importante del gasto de capital.
Escrito lo dicho, pongámosle en lo adelante número o valor a cada una de las variables que compone la fórmula y ecuación del gobierno, a fin de apreciar su desempeño económico y estar en condiciones de calificarlo con la evidencia que recoge los datos registrados.
El nivel total de ingresos sin incluir las donaciones que ha obtenido y manejado la presente administración asciende a RD$ 2.2 billones, monto muy superior al comparativo con igual periodo de tiempo de otras gestiones gubernamentales, pese al referido incremento, persiste el nivel de déficit fiscal en torno al 3% del producto interno bruto (PIB).
Durante el tiempo transcurrido que va del 17 de agosto de 2020 al 31 de marzo de 2023, que equivale a 31 meses y dos semanas de ejercicio gubernamental, las autoridades han gastado RD$2.8 billones de pesos y descontándole la partida de la inversión pública serían RD$2.71 billones.
El referido monto de gasto implica que en promedio diario el gobierno ha gastado RD$2,944 millones, monto que nunca otro gobierno ha gastado en igual tiempo, sin que se vean resultados tangibles.
La partida perteneciente a la inversión pública que se ha erogado alcanza los RD$96,630 millones durante el tiempo señalado más arriba, representando el equivalente a un 3.44% del gasto público total, indicador inferior a años anteriores y se distancia más en la medida que la comparación se hace con un tiempo más del pasado. En términos de realizaciones, ese desempeño se traduce en pocas obras de infraestructura construidas o en proceso, alineada a estrategias de desarrollo que el país necesita y demanda.
En lo relativo al aumento de la deuda del sector público no financiero, a la llegada de las presentes autoridades, el saldo de la referida deuda se situaba en US$43,091 millones y a febrero de 2023 se sitúa en US$54,556 millones, lo que significa que se ha producido un aumento de US$11,650 millones, que equivale a una generación de deuda del gobierno central de US$12.2 millones diarios; sin embargo, la opinión pública no puede identificar cuáles proyectos de inversión pública se ejecutan con recursos provenientes del financiamiento.
Como ha podido leerse precedentemente, los recursos públicos recibido por concepto de impuestos y financiamiento externo e interno, así como el gasto, en adición a la alta inflación que alcanza el 21% acumulado y anual supera la meta de inflación que es de un 4% y la tímida inversión pública, resulta en el indicativo de que la ecuación y fórmula del gobierno lo ubica en un desempeño con pocos resultados alineados a la estrategia de desarrollo para garantizar un crecimiento económico sostenible, redistributivo y competitivo.
La evidencia de los números que acompaña a la ecuación y fórmula queda respaldada por el imaginario social que ha construido la población respecto a la valoración que tiene sobre la situación económica del país, que conforme lo indica la más reciente encuesta de Gallup, publicada en la presente semana, dice que, un 63% de la población considera que la economía va mal, un 57% que el país va por mal camino, un 47% de los entrevistados está desempleado, un 69% afirma que el crecimiento económico solo beneficia a los más ricos y un 68.9% considera que el principal problema es la inflación.
Con el aval del imaginario social y la evidencia de los números que acompaña a cada una de las variables económica, estamos en condiciones de afirmar que el desempeño económico gubernamental no queda validado en la actualidad.
