El Gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, envió este viernes al Congreso su proyecto de Ley con las directrices para el Presupuesto de 2024, en el que reiteró su objetivo de reducir a cero el déficit primario en las cuentas públicas del país el próximo año.
De acuerdo con el Proyecto de Ley de Directrices Presupuestarias (PLDO) que el Gobierno presentó a consideración del Legislativo, los ingresos y los gastos del Estado serán equivalentes en 2024, en cerca de 2.1 billones de reales (unos US$426.829 millones), lo que le permitirá al país terminar el año sin déficit fiscal.
La iniciativa presentada por la ministra de Planificación, Simone Tebet, prevé igualmente que las cuentas públicas brasileñas tendrán un superávit primario de 61.600 millones de reales (unos 12.520,3 millones de dólares) en 2025 y de 130.800 millones de reales (unos US$26.585,4 millones) en 2026.
El déficit primario, que el Gobierno utiliza como referencia de las cuentas públicas, es la diferencia entre los gastos y los ingresos del país sin tener en cuenta los recursos que el Estado destina al pago de los intereses por la deuda pública.
Brasil registró en 2022 un déficit fiscal nominal de 460.433 millones de reales (unos US$93.583,9 millones), equivalente al 4,68 % del PIB y muy superior al de 2021, cuando los gastos superaron los ingresos en 383.664 millones de reales (US$77.980,5 millones), equivalentes al 4,31 % del PIB.
Sin embargo, el resultado primario, el que excluye los recursos destinados al pago de intereses de deuda, fue de un superávit de 125.994 millones de reales (US$25.608,5 millones) en 2022, lo que equivale al 1.28% del PIB y supuso una mejoría con respecto al dato del año anterior (0.73 % del PIB).
En su proyecto, el Gobierno afirma que la iniciativa tiene el objetivo explícito de reducir a cero el déficit público para “crear las condiciones para la reducción de las tasas de intereses con el fin de armonizar las políticas fiscal y monetaria”.
Para ello, agrega el texto, el Gobierno recompondrá la carga tributaria, reducida a partir de 2022 por las elevadas concesiones fiscales concedidas por el entonces presidente Jair Bolsonaro para incentivar la recuperación de la economía.
La iniciativa, sin embargo, está condicionada a que el Congreso apruebe la ambiciosa propuesta de ajuste fiscal que el Gobierno presentó a consideración del Congreso en marzo y que le permite al Ejecutivo elevar los gastos por encima de la inflación.
Dicha propuesta pretende aumentar el límite para los gastos públicos en áreas “prioritarias”, como educación y salud, así como elevar las inversiones, pero sin generar “descontrol” en las cuentas públicas, según el Gobierno.
El proyecto busca sustituir la ley del llamado “Techo de Gastos”, el actual marco de ajuste fiscal, que desde 2017 limita el aumento de los gastos públicos a la variación de la inflación del año anterior y que ha sido cuestionado por Lula por restringir los gastos públicos en áreas sociales.
El Gobierno admitió que la inclusión en el presupuesto de gastos por 172,000 millones de reales (unos 34.959 millones de dólares) depende de que el Congreso apruebe el nuevo marco fiscal.
En el proyecto presentado este viernes, el Gobierno prevé que el PIB brasileño crecerá 2.24 % en 2023, 2.76 % en 2025 y 2.42 % en 2026 y que la tasa básica de intereses, actualmente en el 13.75 % anual, caerá al 11.08 % en 2024, al 9.44 % en 2025 y al 8.76 % en 2026.
