Las cifras que muestran las empresas distribuidoras de electricidad (EDE), que es donde radica el problema del déficit que tanto afecta las finanzas públicas, muestran que luego de poco más de dos décadas de haberse iniciado el proceso de capitalización del sector eléctrico, los principales retos siguen estancados. Las pérdidas y los altos gastos operativos compiten por el primer lugar.
Estos son los números al cierre de 2022: Los gastos operativos de las empresas distribuidoras de electricidad cerraron el año pasado en US$406.8 millones, es decir, un 16.3% más respecto a 2021 cuando terminaron en US$349.63 millones. Las inversiones destinadas a reducir las pérdidas apenas fueron por US$145.61 millones, lo que significa un 50.7% menos respecto a 2019 cuando el monto destinado a este capítulo fue de US$295.5 millones. De hecho, en 2021 fue menor, pues esta partida apenas llegó a US$113.1 millones.
En cuanto a la nómina, las EDE aumentaron el personal de 7,575 a 8,090 entre 2021 y 2023, es decir, en 515, lo que equivale a una variación relativa de un 6.8% en este período. El mayor salto ocurrió en mayo junio de 2021, al pasar de 7,618 a 7,749, equivalente a 131, un 25.4% de toda la variación de los últimos dos años.
La compra de energía de las distribuidoras apenas pasó de 16,602.3 gigavatios hora (GVH), en 2021, a 16,597.4 GVH, apenas un aumento relativo de un 2.1%. “Es una vergüenza que a 24 años de la capitalización, los principales retos del sector eléctrico siguen siendo los mismos”, consideró el experto en energía, Bernardo Castellanos, quien fue consultado para que diera sugerencias respecto a lo que él considera debe hacerse para mejorar la situación deficitaria por la que atraviesan las distribuidoras, pero que el mismo tiempo identificara los principales retos del sector.
El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), utilizando datos a partir del informe de desempeño del sector, que publica el Ministerio de Energía y Minas, indica que las pérdidas durante 2022 alcanzaron el 39.2%. Sin embargo, en un trabajo publicado en este mismo medio, el ministro Antonio Almonte cuestiona la cifra, alegando que realmente fueron de un 32.4%.
Para Castellanos, la ineficiencia y pésima gestión en las distribuidoras, con una nómina por encima de la necesaria, se traduce en pérdidas constantes que deben ser asumidas por el Estado. Señala que por esta razón es que el subsidio al sector alcanzó los US$1,800 millones durante el año pasado.
“La tragedia de esta situación es que mientras el hoy ministro de Energía y Minas era el jefe del equipo eléctrico del partido oficial en oposición, denunciaba las deficiencias, pésima gestión y exceso de gastos corrientes y empleomanía. Sin embargo, hoy día, cuando debió ser coherente con los planteamientos y prédica del pasado, se ha actuado en sentido contrario”, sostiene.
Refiere que Almonte anteriormente se acogía al Estudio de Tarifa Técnica del 2016, de la empresa chilena Inecon, la cual indica que las EDE pueden ser gestionadas de manera eficiente con 1,800 empleados y un gasto corriente anual de alrededor de US$121 millones. “Los gastos operativos de las EDE han venido aumentando sistemáticamente, año tras año, situación que es diametralmente opuesta a lo que debería suceder”, apuntó el experto en energía.
Desempeño de las empresas distribuidoras de electricidad
En lo que respecta al desempeño de las EDE, explica su déficit no está exclusivamente relacionado con el incremento normal de la energía comprada, sino más bien al aumento de las pérdidas y gastos operativos y, obviamente, a la cotización de los combustibles. También destaca que “la pésima gestión y exceso de gastos operativos y empleomanía tienen un gran peso en el desastre financiero de las EDE”.
Acerca de si el país superará algún día el déficit del sector eléctrico, afirmó que el país está obligado a carabina a resolver la crisis eléctrica, pues es de todos conocido que sangran las finanzas públicas. Para ello, indicó, se requiere coherencia y planificación, contrario a lo ocurrido en estos casi tres años de gestión en el sector eléctrico, donde la incoherencia con relación al discurso de oposición y la improvisación, han sido la tónica de los funcionarios del sector eléctrico, unido a la pobre gestión de las distribuidoras.
Castellanos también identifica negligencia en la toma de decisiones, como es la compra de carbón para Punta Catalina, lo cual generó una “sangría a las finanzas públicas por el orden de los US$200 millones”. Destacó también la no compra oportuna y material gastable para la EDE. “Otra muestra de negligencia, improvisación e incoherencia es la caída en la inversión anual en programas y proyectos de reducción de pérdidas”, señaló.
Función de las instituciones
Bernardo Castellanos considera que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la Superintendencia de Electricidad (SIE) deben ser los garantes de la institucionalidad y cumplimiento del marco jurídico. Sin embargo, entiende, ha sucedido todo lo contrario, pues no han cumplido con la Ley General de Electricidad 125-01.
Explica que el MEM y la SIE propiciaron el traspaso ilegal, con su aprobación, de más de 20 contratos firmados entre generadores y la destruida Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) a las EDE, cuando la Ley 125-01, de manera explícita y taxativa, establece que las EDE solo podrán firmar contratos de compra de energía cuando sean fruto de licitaciones públicas y abiertas. Indicó que todos los contratos traspasados fueron frutos de negociaciones directas grado a grado entre las partes.
En adición, dice, el MEM y la SIE en una franca violación a la Ley que establece que las EDE no pueden tener bajo contrato más del 80% de sus respectivas demandas, al autorizar, fomentar y promover el traspaso de los contratos firmados por generadores privados con la CDEEE, las distribuidoras pasaron a tener bajo contrato más del 80% de sus respectivas demandas.
