En su reciente misión a República Dominicana, en el contexto de la consulta del Artículo IV correspondiente al 2023, representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) destacaron el crecimiento económico del país durante los últimos años, así como las sólidas políticas fiscal y monetaria que se han implementado y que han dado como resultado la estabilidad económica y financiera.
Así también, los funcionarios del FMI ponderaron la solidez del sistema bancario dominicano, la reducción de la inflación interanual y establecieron, además, que existe la necesidad de aprobar una ley de responsabilidad fiscal, la ampliación de la base impositiva y la reducción de exenciones, todo esto dirigido a aumentar los ingresos y apoyar la sostenibilidad fiscal del país.
Otra de las recomendaciones de la misión del FMI va dirigida a la creación de un marco regulatorio prudencial para las cooperativas de ahorro y crédito, con el objetivo de reforzar la estabilidad financiera de República Dominicana. Con respecto a esto, desde hace algún tiempo se viene abordando este tema, debido a que existe la presunción de que este tipo de cooperativas ha tenido una importante expansión en los últimos años, pero con poca o escasa regulación, y se corre el riesgo de que, en algún momento, se produzca la quiebra de muchas con sus consecuentes efectos negativos en el sistema financiero nacional.
Es probable que haya razones y motivos para plantear la necesidad de una mayor regulación de las cooperativas de ahorro y crédito, sin embargo, hay que establecer el contexto en que esto debería darse, así como la función social que realizan estas unidades empresariales en todo el mundial y, en particular, en República Dominicana.
Según el Informe Estadístico del Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, al 2021 existían 87,914 cooperativas de ahorro y crédito, que agrupaban a más de 393 millones de socios en seis continentes y en 118 países, con un total de activos superior a los 3,4 billones de dólares. A nivel de República Dominicana, se estima que los activos totales de las cooperativas de ahorro y crédito superan los 250,000 millones, existiendo cerca de 1,800 en todo el territorio nacional. De este total, 18 cooperativas agrupadas en la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (AIRAC) tienen alrededor del 50% de todos los activos del sistema cooperativo.
Como se observa, el movimiento cooperativo en el país es pujante y dinámico, y juega un rol preponderante en materia de impulso a mejoras económicas y sociales en su entorno y en las comunidades en donde operan, siendo muchas veces la única alternativa existente para la obtención de un préstamo individual o empresarial.
Es decir, que las cooperativas tienen una función social que va mucho más allá de ser entidades de intermediación financiera con el único objetivo de lucrase, ya que son empresas basadas en valores y su propósito no es solamente generar riqueza (ACI, 2023).
Finalmente, el tema del establecimiento de instrumentos y mecanismos de regulación de la actividad comercial de las cooperativas de ahorro y crédito en el país no está en discusión, pues se entiende que toda entidad que maneja fondos de terceros debe tener algún tipo de norma de funcionamiento e indicadores de desempeño que garanticen la sostenibilidad del sistema cooperativo y, a su vez, del sistema financiero.
Pero lo que no debe entenderse es que las cooperativas de ahorro y crédito son bancos múltiples o entidades lucrativas que intermedian recursos solo con fines de obtener utilidad y ganancia. Mejorar los mecanismos de supervisión es válido, pero también lo es preservar las cooperativas y evaluarlas como entes que, además del crédito, desarrollan una importante función social.
