Nadie aprende más de economía que aquellos que tienen que gestionarla; por ejemplo, los que nos gobiernan. Veamos el contexto de afirmación. Administrar el Estado no es lo mismo que dirigir una empresa, ni tampoco es igual que mandar en un partido político.
El Estado es complejo pues allí confluyen intereses públicos, intereses privados e intereses personales, todos con una visión diferente y, casi siempre, muy parcial y reducida a lo que le conviene. Súmele a lo anterior lo intereses que provienen de los organismos internacionales y, especialmente, de la comunidad internacional de la que somos parte, y de la cual no podemos aislarnos, aunque quisiéramos.
Analicemos lo anterior desde la perspectiva de los hechos. El partido revolucionario moderno (PRM) llega al poder de la mano de Luís Abinader, actual presidente de la República; y esto se da en un contexto de crisis económica provocada por una crisis sanitaria mundial debido a la aparición del Covid-19. Bajo ese escenario, hay que tomar medidas de política económica que van a afectar a toda población, pero que buscaban proteger a los sectores vulnerables que, comúnmente, son los más afectados.
Pero el panorama no era tan fácil, pues la casi totalidad de las empresas cerraron, en tanto miles de empleos se perdieron y, con ello, una drástica disminución en el consumo de las personas que, obviamente, tendría sus efectos negativos sobre el crecimiento económico.
Una política fiscal expansiva fue una respuesta inmediata de las autoridades gubernamentales de turno, lo mismo que el establecimiento de estímulos mediante la política monetaria que derivó en la disposición de recursos frescos dirigido a las personas y al sector empresarial, en particular, a las micro, pequeñas y medianas empresas, unidades productivas que fueron las más impactadas por la crisis económica.
Es claro que, para mantener los niveles de incentivos y de gasto público dirigido a enfrentar la crisis sanitaria, fue necesario que el país se endeudara, lo que supondría, posteriormente, un aumento en el porcentaje de intereses que se tendrían que pagar como porcentaje de los ingresos tributarios.
Así las cosas, el panorama quedaba de esta manera: un aumento del déficit fiscal por la reducción de los ingresos tributarios, un incremento de la deuda pública y una expansión en la cantidad de intereses y capital que se pagarían por la misma. De su lado, los intereses privados continuaban demandando apoyo para todos los sectores, sobre todo para aquellos que eran generadores de empleos y que contribuyen al producto interno bruto.
Con todo, había que sostener los salarios de los empleados públicos que empezaron a trabajar remoto, en tanto se establecían medidas de protección social para los trabajadores del sector privado que estaban cesantes y sin ingresos. Como se ve, todos los intereses particulares buscaban respuestas del gobierno del Estado, y todos tenían un fin económico.
Disminuido los efectos de la crisis sanitaria, se suponía que se deberían tomar otras medidas para asegurar la recuperación de la actividad económica en el país, cosa que también era, según los diferentes intereses creados, responsabilidad del gobierno.
Pasada la crisis económica, y debido al aumento de la pobreza y la desigualdad que esta implicó económica, ahora los organismos internacionales, sobre todo los que financian el desarrollo, piden la implementación de políticas fiscales que, al mismo tiempo, permitan disminuir la desigualdad de marras, reducir el déficit fiscal, recaudar más impuestos, reducir la deuda pública, eficientizar el gasto público, controlar la inflación y, fundamentalmente, mantener el crecimiento económico.
El problema es que, en esta ecuación, nadie quiere pagar más impuestos, ni elevar los salarios de los trabajadores, ni una reducción del gasto tributario, de los incentivos y exenciones al sector privado. En conclusión, la complejidad de la gestión de un gobierno es real y, por eso, los gobiernos siempre están en una encrucijada con relación al manejo de la economía.
