La reciente propuesta del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de la reducción de la cantidad de alcaldías, escaños en el Congreso y gradualmente los cargos electivos en ese país, ha sido recibida de manera positiva, pues todos queremos racionalizar y eficientizar el gasto público. Sin embargo, aunque pudiera parecer un fin loable, debemos situar estas (supuestas) mejoras en el contexto de la democracia autoritaria en ese país, y la forma en que estos cambios solo ayudarán a reducir la oposición al régimen actual.
La situación de El Salvador en el año 2019, cuando fue electo Bukele al cargo de presidente de ese país, era crítica. Una economía estancada, con pandillas en control de una parte importante del territorio nacional, la clase política completamente desprestigiada por acusaciones de corrupción, dieron lugar a que un candidato con corte populista, que prometía erradicar estos problemas, pudiera alzarse como ganador en los comicios.
Desde que asumió el poder, ha tenido un corte autoritario, el cual no tenemos que llover sobre mojado en estos párrafos, pues ya es de amplio conocimiento del público. Pero cabe resaltar que entre las acciones de Bukele, ha habido un importante desprecio por las instituciones que le hacen contrapeso al Poder Ejecutivo, como lo ha sido la Suprema Corte de Justicia (la cual ha recompuesto con jueces seleccionados por sus aliados) y el Congreso (el cual, en un momento, ordenó ocupar por fuerzas militares).
Ahora la propuesta de reducción de los cargos electivos, con la supuesta intención de racionalizar el gasto público, es otra iniciativa que tiene un sentido racional en abstracto, pues es algo que se ha discutido en muchos países del mundo, de hecho, aquí en nuestro país se ha comentado que nuestro fraccionado territorio debe ser recompuesto.
Es evidente que la real intención de esta propuesta no se relaciona al gasto público, sino es de reducir la cantidad de cargos a los que pueden aspirar la oposición, y, por ende, reducir la posibilidad de otro liderazgo que pueda contradecir al presidente.
Precisamente esta perversión de lo que han sido las herramientas y mecanismos legítimos de la democracia ha caracterizado la conducta que se lleva a cabo en ese país, e igualmente se observa en otros países latinoamericanos que están atravesando momentos de transición.
Pues queda claro que meramente observar las formas de la democracia no es lo mismo que vivir en un estado democrático, y de esta misma manera, tomar decisiones que pueden considerarse como positivos para el país (reducir la burocracia estatal) tienen en su fondo un deseo de reducir la competencia democrática interna de un país.
En nuestro país, debemos continuar sintiéndonos orgullosos de la paz social, democracia y de crecimiento económico que hemos logrado como sociedad. Nuestra democracia es fuerte y cuenta con múltiples actores, los que impiden que el país caiga en la trampa de demagogia y autoritarismo. Pero debemos mantenernos alertas y, como sociedad y comunidad empresarial, cuidar de que esto pueda perdurar en el tiempo, pues ya podemos ver otros ejemplos en la región que transitan por caminos que terminarán de manera muy triste.
