Los adelantos tecnológicos que ha traído la sociedad moderna, así como la disponibilidad de información en tiempo real que viene con estos, han develado una problemática que la mayoría de la gente, en especial los políticos, habían ignorado, y es la complejidad de gestionar, eficazmente, entidades de carácter público.
Hasta hace poco, se creía que bastaba con una persona ser político, y que ganara su partido, para ir a una función pública y, desde allí, administrar a su antojo la institución puesta a su disposición.
Pero ocurre que todo ha cambiado, incluyendo la discrecionalidad de las decisiones, la posibilidad de disponer de los recursos públicos de manera antojadiza, o de crear entramados societarios ilícitos que no se puedan develar. Aún más, las propias instituciones de naturaleza pública están puestas a prueba cada día, pues los recursos con que cuentan son cada vez más escasos, en contraposición a la demanda de bienes y servicios a la que se enfrentan, que es cada vez más alta y realizada por un ciudadano más informado y empoderado.
En estos tiempos, se les pide a las entidades estatales la entrega de productos y servicios de calidad a la ciudadanía, transparencia en el manejo de la cosa pública y rendición de cuentas sobre todo lo que hacen. En efecto, autores como Álvarez, A. y Chica, S. (2008), plantean que “La globalización, la profundización de la democracia, la reedición de lo público, la transformación de los Estados nacionales, la nueva corporeidad del Estado y la constante incertidumbre, son nuevos fenómenos a los que hoy se enfrentan la organizaciones públicas, las cuales se encuentran bajo un tipo racionalidad político-administrativa, que debe estar orientada al éxito, que le dan una gran relevancia a los principios de competitividad y de eficiencia”.
Sin embargo, se debe tener cuidado con el exceso de procesos, procedimientos y controles en la gestión pública, pues se puede llegar a paralizar el Estado. Lo anterior viene a cuento a partir de las últimas declaraciones que ofreciera el Contralor General de la República Dominicana con relación a que “endurecerá los controles” en las instituciones que fiscaliza, que son casi todas.
Se entiende que con la llegada de Luis Abinader a la Presidencia de la República, existe un celo marcado por detener la corrupción y por llevar a la población la idea de que, en este gobierno, contrario al anterior, no se roba, pero hay que tener cuidado con los excesos, pues estos tiempos demandan entidades públicas ágiles, modernas, con respuestas rápidas y oportunas a los ciudadanos, no instituciones lentas, obesas, repletas de burocracia.
De hecho, recientemente el gobierno actual inauguró el Programa Burocracia Cero, mediante el cual se pretende que “la población pueda realizar diversos trámites y servicios transaccionales e interactivos de múltiples instituciones públicas de manera ágil, rápida y sencilla sin necesidad de trasladarse”; pero esto debe ir en correspondencia con lo que ocurre a lo interno de las entidades de carácter público, las cuales deben tener, a su vez, menos burocracia y menos procesos.
Por último, se entiende y aplaude la voluntad del gobierno actual de impedir y frenar ese voraz afán de muchos servidores públicos por enriquecerse a costa de los fondos estatales, pero no se debe caer en la trampa de que hay que poner candados por todos lados para que nadie robe. Un Estado moderno, articulado y tecnológicamente avanzado es lo que queremos con los controles necesarios, pero sin exagerar.
