[dropcap]E[/dropcap]n República Dominicana se estima que la presión tributaria es muy baja (14.4% del producto interno bruto). Lo primero es decir que la presión tributaria es la cantidad de dinero que recauda el Gobierno por concepto del cobro de impuestos a las empresas y los ciudadanos. Se mide como proporción porcentual del PIB.
Hay países donde la presión tributaria es de 20% y otros donde llega hasta 40%. Se podría decir que en República Dominicana llegar a una presión tributaria de 40% sería un crimen, pues eso implicaría el cobro de impuestos hasta por la respiración, algo que el pueblo no aguantaría. Pero, ¿cómo es que en otras naciones, más avanzadas que República Dominicana y con menos evasión, la presión tributaria es tan alta y la calidad de vida de la gente es buena, así como la operatividad de las empresas?
La respuesta está en el uso que el Estado les da a los recursos que capta por esa presión tributaria. En República Dominicana, por ejemplo el cobro de impuestos en sentido global es relativamente bajo, además de que la evasión es alta. Pero lo peor de todo es que lo poco o mucho que se recauda es mal utilizado, sin controles fiscales y con excesos que benefician a particulares en los cargos.
Las naciones con cierto nivel de desarrollo en donde se cobra muchos impuestos a los ciudadanos, el Estado les devuelve el cobro de esos gravámenes con servicios públicos colectivos de calidad como educación gratuita y de excelencia, salud de última generación preventiva y constante, transporte público organizado y a buen precio, energía eléctrica permanente y a costo razonable, garantía absoluta de los derechos ciudadanos, calles y avenidas en buen estado, aceras amplias para los peatones, seguridad ciudadana y una serie de beneficios más.
En cambio, en República Dominicana, donde el Gobierno dice que la presión tributaria es muy baja y debería ser mayor, ese mismo Gobierno ha sido deficiente históricamente en la prestación de servicios, obligando a los ciudadanos y a las empresas a incurrir en gastos adicionales, que equivalen a más de lo que pudieran pagar en impuestos con una presión tributaria alta, para destinarlos a la solución particular de problemas colectivos que deberían ser resueltos con servicios efectivos de parte del Estado.
Es posible que una pareja de esposos de nivel medio bajo, con un par de hijos, debe destinar una gran proporción de su presupuesto en el pago de colegio privado para sus hijos porque la educación pública, aunque existe, es de baja calidad; también tiene que pagar una póliza de seguro de salud complementaria al plan básico existente, debido a la mala o limitada calidad del servicio de salud.
En forma adicional, debe comprar un inversor y al menos cuatro baterías para suplir en su hogar las horas de apagones que sufren por la deficiencia del servicio eléctrico que ofrece y cobra caro el Estado. Asimismo, esa pareja se ve en la obligación de buscar dinero, ya sea de ahorro y mediante préstamos, para comprar no uno, sino dos vehículos, porque el transporte público local es ineficiente y es necesario tener su propio medio de movilidad, con el consecuente costo del vehículo, de su mantenimiento y del combustible que consume, que, dicho sea de paso, también paga impuestos.
Entonces, esa pareja está gastando, para soluciones particulares a servicios colectivos que debería ofrecerle el Estado, una proporción muy alta de sus ingresos, cantidad que en menor proporción pagan los ciudadanos en otras naciones donde la presión tributaria es más alta, pero con la diferencia de que los servicios mencionados les son garantizados y no tienen que incurrir en gastos adicionales para obtenerlos.
Lo mismo ocurre con las empresas, especialmente las pequeñas, que deben incurrir en gastos extraordinarios para cubrir el costo de la energía eléctrica con plantas de emergencia, en el pago de servicios de vigilancia particulares, porque los organismos de seguridad no les garantizan la protección debida, así como en otras soluciones particulares ante la deficiencia de servicios colectivos.
Eso sin incluir el hecho de que, en caso de que el Gobierno recibiera más ingresos de los que percibe en la actualidad, no hay en el país ninguna garantía de fortaleza institucional para evitar su malversación o uso inadecuado.
