Una vez más sale a relucir el tema de las cooperativas y esta vez con noticias desagradables, pues el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) ha desarrollado una investigación a varias de estas entidades, determinándose serias irregularidades administrativas en al menos dos de ellas.
Una es la Cooperativa de La Vega conocida como Coopopular, la cual ha sido absorbida por la Cooperativa Vega Real. En su caso, la situación no es tan grave, porque era relativamente pequeña con activos por el orden de los RD$470 millones y alrededor de 17,000 socios.
La otra entidad es la cooperativa de Herrera, conocida como CoopHerrera, la cual tiene más de 37,000 socios y activos que al cierre de 2022 habrían marcado poco más de RD$10,000 millones.
Ambas entidades mutualistas, como la mayoría de las existentes, se dedicaban a realizar operaciones de intermediación financiera, lo cual debería ser regulado por un ente más fuerte que el Idecoop, cuyas limitaciones técnicas, económicas y legales le impiden hacer una supervisión efectiva.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha estado presionando al Gobierno para que establezca una reforma en el Idecoop y que las cooperativas de intermediación financiera pasen a ser reguladas por la autoridad monetaria, específicamente por la Superintendencia de Bancos (SB), a través de la Ley Monetaria y Financiera 183-02.
Sin embargo, eso no ha sido posible. El sector cooperativo nacional es bastante fuerte, al punto que, aunque existen cerca de 1,700 cooperativas registradas en el Ideccoop, no más de 22 administran el 87% de los activos totales en esa área, los cuales suman alrededor de RD$250,000 millones.
Ese monto supera los activos juntos de las Asociaciones de Ahorros y Préstamos, los bancos de ahorro y crédito y las corporaciones de crédito, entidades que sí son reguladas por la SB, al igual que los bancos de servicios múltiples.
Hace alrededor de cinco años el Ministerio de la Presidencia, en coordinación con el Banco Central trabajó en la elaboración de un proyecto de ley para transformar al Idecoop en una Superintendencia de Cooperativas, que se encargaría de regular a las entidades de economía solidaria que pertenecen a gremios profesionales o a empresas públicas o privadas.
En tanto que, las cooperativas de ahorro y crédito que hacen labores de intermediación financiera, pasarían a ser reguladas por la autoridad monetaria como ha pedido constantemente el FMI. Sin embargo, las organizaciones que agrupan a las cooperativas de inmediato rechazaron la propuesta, pues prefieren seguir como ahora, en un estado de “autoregulación”, toda vez que el Idecoop no tiene la capacidad para regularlas de manera efectiva.
El problema con la autoregulación es que se producen situaciones de ocultamiento de información para no desacreditar el sector en momentos en que se producen situaciones con una u otra entidad. Al final, el riesgo lo corren los socios, los ahorristas, que pueden ver perdido su dinero.
Por ejemplo, ahora con la Coopopular, aparentemente no habría problemas porque una cooperativa más grande la absorberá. Pero con Coopherrera no se sabe lo que sucederá y, mientras tanto, los ahorristas no tienen forma de retirar su dinero. Cada vez que van a una sucursal les dicen que “no hay sistema”.
Además, aunque el Idecoop ha dispuesto la intervención de esas dos entidades, entre otras que están bajo investigación, su presidente, Franco de los Santos, se ha cuidado de ni siquiera mencionar los nombres de sus directivos y mucho menos de someter a la Justicia a algunos o todos por las irregularidades de fraude en que habrían incurrido para llevar a la quiebra a esas entidades.
¿Por qué tanto misterio y aparente encubrimiento? ¿Acaso se quiere proteger a personas que deben ser responsabilizadas por los ilícitos cometidos? Esas preguntas se quedan sin respuesta mientras los ahorristas, miles, cientos de miles, están colocando su dinero en una gran cantidad de entidades, donde la mayoría puede que operen de manera correcta, pero bajo la premisa de la “honradez” de sus directivos y no de que existe un órgano estatal regulador con la suficiente capacidad para hacer valer los derechos de quienes, a su propio riesgo, depositan su confianza y su dinero en estas entidades de “economía mutualista”.
