El recurso hídrico en República Dominicana es uno con poca regulación y que, lamentablemente, no recibe el trato de conservación y manejo que merece. Como una media isla en el Caribe con poca agua potable, nuestra sociedad, al parecer, ignora que es un recurso preciado, que no se debe gastar, pues no es ilimitado; al contrario, de su disponibilidad tenemos muy poco.
Conforme los lineamientos establecidos en la Constitución, ya se ha venido discutiendo desde hace muchos años un proyecto de ley agua. Aunque nuestro país cuenta con una ley del año 1962 sobre el “dominio de las aguas terrestres y distribución de aguas públicas” (número 5852), dicha norma resulta completamente inadecuada y desfasada para el manejo del recurso en la actualidad.
Es en este contexto que surgen los esfuerzos por establecer un nuevo marco normativo que proteja y regule el agua. Es menester notar que los esfuerzos no se limitan al gobierno actual, aunque en esta gestión se han realizado más dirigidos y concretos para esos fines, sino que como mencionábamos, es una iniciativa que data de la gestión anterior, encabezada por otro partido, lo que demuestra la urgencia del tema.
El primer mito es que el proyecto de ley de agua estaría “privatizando” el uso y la administración del recurso, de alguna forma “entregándolo” a manos privadas. Sin embargo, ese concepto es completamente falso, pues el proyecto de ley actual prevé que el agua es un recurso inalienable y de dominio público, es decir, es de todos, y solo permite que se concedan licencias de explotación sujetas a múltiples requisitos y limitaciones.
Igualmente, y en este mismo sentido, el proyecto es reiterativo en el sentido de que el acceso al recurso debe ser universal, por lo que de ninguna manera se puede crear una situación donde una parte tenga un privilegio sobre el agua que no sea cónsona con un uso racional y sano. De hecho, el proyecto prioriza el consumo humano del agua, por encima de usos industriales y de agricultura, reconociendo que es necesario que hagamos todo lo posible porque existe agua suficiente para satisfacer todas estas necesidades.
El proyecto de ley crea una Autoridad Nacional del Agua (ANA), organismo con un consejo compuesto por varios ministerios de Estado y el sector privado, con la asistencia de un Director Ejecutivo. Tener claridad y asegurar que el proyecto de ley establezca de manera clara las competencias de la ANA y la permisología requerida será algo que se debe trabajar.
Igualmente, se crea un sistema de administración del recurso con miras a priorizarlo y que no sea malgastado. En la actualidad, se desperdicia una parte importante de la poca agua que tenemos, y tener un regulador y establecer un marco general de tarifas para su uso serán importantes hitos para incentivas la buena administración del mismo por todos los usuarios.
El año pasado, se aprobó en nuestro país la Ley de Ordenamiento Territorial, que busca crear las bases legales para el uso del suelo. Necesitamos apoyar iniciativas como esa y como la ley de agua, entre otras, que nos ayuden a contar con las herramientas legales necesarias para que nuestro país pueda crecer de manera sostenida, sostenible y organizada.
