Los Gobiernos disponen de herramientas para incidir en el mercado laboral, con las que buscan repercutir en el crecimiento económico y, a su vez, ejercer un impacto en los niveles de empleo. Las políticas laborales, entendidas como las reglas para determinar las relaciones entre los empleados y empleadores, determinan las condiciones de trabajo, como la cantidad de horas trabajadas por semana y el salario mínimo.
Los países de Centroamérica se caracterizan por tener amplias brechas de género en el ámbito laboral comparado con naciones desarrollados. El informe “Estimación de Gasto Público en Políticas Públicas en América Latina”, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), así lo confirma. Apunta que la participación femenina en estos países está por debajo del 46% de la población en edad de trabajar, siendo Guatemala el de menor participación laboral femenina, con una tasa del 38%.
Otro elemento que caracteriza a los países de América Latina es la informalidad. Según datos de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), en el 2018 el 53.1% de los trabajadores de la región se encontraba en esa condición. Esta cifra es casi cuatro veces superior a la eurozona, donde la tasa de desempleo informal llegaba apenas al 14%.
Asimismo, indica que los países con un gasto cercano al promedio de la región, es decir, 0.3% del producto interno bruto (PIB) en políticas laborales, exhiben más diversificación en sus medidas dirigidas a la protección contra el desempleo. Países como Argentina y Perú, que invierten cercano al promedio, desarrollan programas para la creación directa de trabajo.
Superior a esta medida están Brasil y Uruguay (0.5% del PIB) que se caracterizan por la relevancia de las políticas dirigidas a la protección al ingreso por desempleo. En ese sentido, inferior al 0.2% del PIB se centran en capacitación e incentivos al emprendimiento, entre los que destacan Panamá, República Dominicana y Guatemala.
En República Dominicana
La Cepal menciona que en República Dominicana se gastó en promedio 0.14% del PIB en políticas laborales entre 2014 y 2019. Eses partidas están compuestas por las categorías de incentivos al emprendimiento (0.05% del PIB) y capacitación (0.09% del PB).
También señala que hubo un aumento en el gasto de políticas laborales en respuesta a la crisis causada por la pandemia del covid-19 en 2020, desde 0.17% a 1.38% del PIB. Esto, impulsado por programas de apoyo a ingreso en situación de desempleo, los cuales representaron el 1.24% del PIB. A su vez, el gasto en capacitación se redujo desde 0.11% en 2019 a 0.08% del PIB en 2020.
Entre los programas impulsados en el 2020 está el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE), que buscaba apoyar los ingresos de los trabajadores del sector formal, cuyas labores fueron suspendidas producto de la pandemia. La ejecución de este programa absorbió el 1.1% del PIB en 2020.
