El Poder Ejecutivo someterá la próxima semana al Congreso Nacional un proyecto de ley de reformulación del presupuesto vigente, a los fines de reasignar partidas, especialmente para destinarlas a la agilización y terminación de obras de infraestructura.
El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, dijo este martes que entre las partidas que se van a reasignar está un monto de aproximadamente RD$13,000 millones, de los RD$20,000 millones que se presupuestaron originalmente para el subsidio a los combustibles, pero que no se gastará completo, gracias a la reducción de los precios internacionales del petróleo y sus derivados.
“Tenemos la posibilidad de reasignar unos RD$12,000 a RD$13,000 millones de lo que se había asignado para el subsidio a los combustibles”, declaró Rijo Presbot al ser entrevistado en el programa El Despertador, que se transmite por Color Visión.
Durante el 2022 el Gobierno destinó alrededor de RD$35,000 millones para subsidiar los precios de los combustibles y mantenerlos congelados en momentos en que debieron ser aumentados. Este año se asignaron para los mismos fines RD$20,000 millones, pero todo indica que solo se gastarán entre RD$7,000 y RD$8,000 millones, por lo que los RD$13,000 millones restantes podrán utilizarse en otras áreas.
Dijo que también hay otras partidas asignadas en el presupuesto de este año como subsidios para enfrentar el impacto de la inflación internacional, que ya no serán necesarias, gracias a las reducciones de precios que se observan en el exterior, lo cual permite al Gobierno su aprovechamiento para otras áreas.
Rijo Presbot, quien también es viceministro de Hacienda en materia presupuestaria, señaló que la mayor parte de las reasignaciones que se harán en el presupuesto reformulado serán para la aceleración y terminación de obras de infraestructura en toda la geografía nacional.
Señaló que durante la presente gestión gubernamental se destaca la transparencia en la administración del gasto público y que lo mismo ocurrirá el próximo año cuando se diseñará un presupuesto general cuyo déficit no exceda el 3.1% del producto interno bruto (PIB).
