El Consejo de Defensa del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB) informó que en los procesos judiciales que enfrenta la empresa no existe la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Por ello, restó veracidad a la versión de que la justicia ha puesto fin a la construcción de la terminal aérea.
La defensa legal del AIB reaccionó a un comunicado publicado el lunes por el equipo de defensa de la Corporación Aeroportuaria del Este (CAE) y el Grupo Puntacana (GPC). Afirmaron que ninguna sentencia ha afectado el decreto que aprueba el aeropuerto, ni el contrato suscrito con el Estado para su construcción.
“Nos preocupa profundamente que se desinforme a la opinión pública con declaraciones sobre sentencias que no son definitivas, ya que estas han sido objeto de los correspondientes recursos”, destacaron los abogados del AIB en un comunicado.
Recordaron que el sistema de justicia del país consta de tres instancias jurisdiccionales y una constitucional, por lo que cualquier sentencia emitida por un tribunal puede ser recurrida ante las cortes superiores. “Sólo se puede hablar de una decisión definitiva cuando el caso ha pasado por este proceso”, resaltaron.
Es importante destacar, agregaron, que el caso del AIB ha sido objeto de cuatro sentencias emitidas por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, todas bajo la misma composición de jueces.
Además, enfatizaron que dos de estas sentencias (28 de enero y 16 de diciembre de 2022) se dictaron sin la celebración de audiencias para escuchar a las partes involucradas, violando el derecho fundamental establecido en el artículo 69-4 de la Constitución.
El Consejo de Defensa del Aeropuerto Internacional de Bávaro, entre los que se encuentra el doctor Emmanuel Esquea Guerrero, resaltó su firme compromiso de defender la legalidad y la transparencia del proyecto. Señaló que todas las sentencias mencionadas han sido objeto de recursos que buscan rectificar las violaciones constitucionales a los derechos fundamentales cometidas.
Calificó como desafortunado el hecho de que se recurra a la opinión pública para intentar influir en los jueces encargados de dictar sentencia sobre los recursos pendientes de decisión. Consideró inadmisible que una resolución de un organismo dependiente del Poder Ejecutivo pueda ignorar los derechos adquiridos por el AIB, respaldados por un contrato firmado por el Estado Dominicano con la autorización del Presidente de la República.
“Seguimos confiando en la justicia y en la legalidad de nuestras acciones y continuaremos luchando para rectificar cualquier violación de los derechos fundamentales y constitucionales”, concluyeron.
