La deuda pública reviste interés en República Dominicana y en cualquier otro país del mundo. Hace poco, en los Estados Unidos fue un tema nacional cuando el gobierno había llegado al techo del endeudamiento anual, para lo cual su Congreso tuvo que autorizar para que el límite fuera variado hacia el alza. Allá, como aquí la deuda es de interés público, habida cuenta de que un alto endeudamiento -especialmente en economías con menos desarrollo- puede ser un freno a la inversión privada, aumentar la presión tributaria, limitar el gasto social y el de capital, con impactos severos para promover crecimiento económico.
La semana pasada el ministro de Hacienda publicó una serie de tuits abordando el tema de la deuda, en la que entre otros aspectos destacó, que el balance de la deuda pública dominicana ha bajado, por lo que el tema no es para preocuparse, sino para ocuparse, y, además, invitó a los economistas que abordan el tema en valores absoluto a que revisen las evaluaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para enriquecer el debate.
Tomándole la palabra al ministro de las finanzas públicas del país a fin de enriquecer el debate sugerido, esta opinión se encamina hacia esa dirección, tomando como punto de partida la serie de seis tuits que publicó, en la que en el número tres escribió: “He dicho públicamente que el tema de la deuda es para ocuparse y no para preocuparse. La evaluación final de FMI está en verde, Los puntos en rojo son oportunidades de mejora que estamos trabajando en ellas”.
Me parece bien que en el ministerio de Hacienda se estén ocupando, eso no debe ser una novedad, es parte de sus facultades, pero afirmar que no nos preocupemos, es como hacer una invitación a cerrar los ojos, los oídos y a la inacción, cuando, por el contrario, los que tenemos interés por la cosa pública, debemos enfocarnos en temas que presentan desafíos, en particular si la tendencia es creciente.
¿Acaso, el hecho de que el servicio de la deuda del sector público no financiero (SPNF), que a mayo de 2023 se situó en cerca de un 33% de los ingresos corrientes del Gobierno y en 2021 era de alrededor de un 28%, para un incremento de 5 puntos porcentuales, no es un problema para los interesados en los temas de las finanzas públicas? Pues claro que sí; muy focalmente, en el marco de una fuerte restricción presupuestaria, alimentada por la carga fija que le resta holgura a otros gastos necesarios, recurrentes y eventuales en la administración del presupuesto de la nación.
No señor ministro de Hacienda. El país es de todos. Ocúpense y preocúpense.
En otros dos tuits del señor ministro de Hacienda, les dijo a los economistas lo siguiente: “Le sugiero a los amigos economistas que centran sus análisis sobre el valor absoluto de la deuda, que revisen las evaluaciones del FMI y los modelos de análisis de las agencias calificadoras. Si lo hacen podrán enriquecer el debate y En agosto del 2020, recibimos el stock de deuda del SPNF en 49.7 % del PIB. A junio de 2023, hemos logrado reducir el balance a 44.8% del PIB”.
Enriquecer el debate, precisamente es ver más allá de la punta de la nariz como dice el refrán. Examinar la deuda pública de un país implica muchos indicadores y métricas, por lo que es mucho más allá de lo que usted señala. Solo los indicadores que se refieren a la vulnerabilidad se pueden contar en nueve y a la sostenibilidad en seis y si agregamos los financieros, la lista se alarga; de manera, que pretender solo referirse a la deuda/PIB, como para “demostrar” que ustedes han bajado la deuda, porque ha pasado de 49.7% del PIB en agosto de 2020 a un 44.8% en mayo de 2023, también del PIB, resulta limitado, incompleto y con poco rigor metodológico.
Si les trajo molestia que nos refiriéramos a que la deuda del SPNF en vez de bajar ha subido, no tengo la culpa, el responsable es quien en la administración gubernamental la haya autorizado y contratado, elevando el saldo de los referidos pasivos de US$39,178 millones en agosto de 2020 a US$54,720.7 millones a mayo de 2023, para un aumento de US$15,542.7 millones, equivalente a un crecimiento de un 39.67 %.
Pero tampoco resulta robusto comparar la deuda como porcentaje del PIB de 2023 contra el 2020, cuando la economía cayó en un -6.7%, -por efecto de esta caída la ratio es mayor- y el gasto público dirigido para programas sociales relacionado con el empleo fue de un 2.8 % del PIB y eso requirió recursos financieros adicionales.
Ese año por su naturaleza pandémica por covid-19, hizo que todo sea atípico; sin embargo, si se equipara el referido indicador del presente año con el del 2019, en donde la deuda registró un 40.4% del PIB en tiempos de normalidad, encontramos que se produjo un incremento de un 4.4 puntos porcentuales.
En otro aspecto relacionado con la deuda/PIB, el señor ministro de Hacienda dice que es un balance, cuando en realidad no lo es, porque no incluye activo, pasivo y patrimonio neto. Lo que si resulta que sea es un indicador, el de la presión de la deuda, que mide cuanto recurso tiene que destinar una economía para pagar sus compromisos de deuda.
Tampoco me atrevería a afirmar como indicó el ministro de Hacienda, que la relación deuda/PIB es un stock, en realidad corresponde a una ratio; mientras que, el stock resulta como el saldo de la deuda, que implica el monto total de las obligaciones de pago pendientes y acumuladas por el país, en particular, por los gobiernos.
Con relación a ufanarse porque el país ha mejorado su posición en el ranking de economías que han reducido la deuda como porcentaje del PIB, no soy de los seguidores de comparar indicadores entre países, sin conocer la realidad de cada uno, en particular, en cuanto a sus similitudes y diferencias. Solo si se logra estandarizar las estadísticas de los países y economías comparadas, el cálculo de los indicadores resulta consistente.
Como se ha podido leer en esta opinión, el indicador utilizado por el ministro de Hacienda para afirmar y demostrar que la deuda pública ha disminuido resulta parcial, poco robusto, confunde lo que se denomina stock con presión y también balance con presión de la deuda.
Mientras los economistas no nos ponemos de acuerdo, dándole distintas lecturas a un mismo problema, la población dominicana deberá pagar a través de los impuestos no menos de RD$110,000 cada uno por los nuevos préstamos del SPNF que ha tomado el Gobierno desde agosto de 2020 a la fecha, razón suficiente para ocuparnos y preocuparnos por la carrera de endeudamiento que continua su agitado curso.
Si le agregamos el tema de en cuáles proyectos se ha invertido el aumento del saldo de la deuda pública y que, a pesar del elevado endeudamiento, la inversión pública se encuentra en el nivel más bajo desde que se disponen de serie estadísticas, las autoridades tendrían una tarea complicada para explicarle al país las razones de su carrera de préstamos.
