República Dominicana, en las dos últimas décadas, tuvo un crecimiento económico promedió de 5.8 entre 2005-2019. En otros factores, ese desarrollo se vio impulsado por las favorables condiciones económicas externas, así como su estratégica posición geográfica. Sin embargo, para el Banco Mundial, el modelo de crecimiento se ha basado en la acumulación de factores más que en el crecimiento de la productividad, razón por la cual considera fue bajo.
En ese sentido, para el organismo, las exenciones tributarias pueden haber contribuido al poco crecimiento de la productividad a través de una asignación de recursos menos eficiente en sectores asociados con productos manufacturados de baja sofisticación.
Así lo detalla el informe “Repensando la productividad para impulsar el crecimiento sin dejar a nadie atrás – Memorándum Económico de República Dominicana”, que revela que el crecimiento económico del país en el periodo señalado fue más del doble del promedio de América Latina y el Caribe (2.6%).
No obstante, también advierte que los motores de este desarrollo “excepcional” están llegando a su límite debido a la disminución en la productividad en los últimos años. Citan que la nación se está viendo frenada por un capital humano insuficiente para satisfacer las necesidades del sector empresarial, desastres relacionados con el cambio climático y distorsiones en mercados clave, como la asignación ineficiente de exenciones tributarias.
Gasto tributario
El sistema tributario dominicano está compuesto por disposiciones legales establecidas principalmente tras la promulgación de la Ley 11-92, que crea el Código Tributario de República Dominicana, el cual reconoce el gasto tributario como el monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo preferencial que se aparta del establecido en la legislación tributaria.
A través de su otorgamiento, el Estado dominicano persigue promover y beneficiar a determinados sectores, áreas geográficas, actividades o contribuyentes, atendiendo a un objetivo de política pública, económica y social; al mismo tiempo que posterga o disminuye la recaudación de la Administración Tributaria.
En el periodo señalado, el informe indica que esos beneficios fueron menos eficientes debido a que fueron dirigidos a sectores asociados con productos manufacturados “de baja sofisticación”.
Para el Banco Mundial, las empresas manufactureras formales que se benefician de los regímenes tributarios especiales, como por ejemplo las empresas exentas de impuestos que producen textiles, prendas de vestir y productos de metal en las Zonas Económicas Especiales (ZEE), tienen una productividad casi un 30% más baja que sus pares fuera de las ZEE que están sujetas al Régimen Tributario General (RTG).
Aun así, aclaran que esto no significa necesariamente que la productividad agregada en las ZEE sea menor que en el resto de la economía, ya que varias empresas que operan en las primeras no tienen contrapartes en las segundas.
Por ejemplo, las empresas de dispositivos médicos solo se pueden encontrar en las ZEE: si bien representan solo el 5% del número total de empresas de ZEE, seis generan casi el 30% de las exportaciones de ZEE.
El informe también señala que las empresas altamente productivas enfrentan una tasa impositiva efectiva 0.4 puntos porcentuales por encima que las empresas del segmento de baja productividad en la República Dominicana, que son predominantemente empresas grandes.
Este año
Para el 2023, el gasto tributario estimado asciende a RD$310,120.7 millones, equivalentes a 4.5% del producto interno bruto (PIB) estimado en el Panorama Macroeconómico 2022-2026, lo que representa una reducción relativa de 0.10 y 0.05 puntos porcentuales con respecto al estimado en el Presupuesto correspondiente al año 2022 y al reestimado para igual año, respectivamente.
Tal como muestra el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2023, estos resultados responden al menos gasto tributario reestimado de 2022 por concepto de las exenciones generalizadas del ITBIS y del Impuesto sobre los ingresos en atención a la actualización de los supuestos macroeconómicos previstos al cierre de 2022, y especialmente ante el cese gradual de la presión inflacionaria que persiste en los precios de los bienes y servicios en respuesta a las medidas de política monetaria restrictivas adoptadas por el Banco Central.
En 2023 se presentó un incremento de 9.9% del gasto tributario estimado con relación al monto reestimado para 2022 en respuesta al mayor consumo de servicios y bienes, producidos tanto en el mercado local como externo, una mayor actividad comercial en el sector de los hidrocarburos, normalización gradual de los niveles de empleo y encadenamiento productivo en los diferentes sectores de la economía nacional.
El gasto tributario por ITBIS equivale al 2.5% del PIB para el 2023, seguido de otras figuras impositivas como el impuesto sobre el patrimonio con un 0.67% y los impuestos sobre los ingresos con 0.65% del PIB. Asimismo, se destaca el ISC aplicable a los hidrocarburos y el arancel de Aduanas, en el orden de 0.34% y 0.27% del PIB estimado, respectivamente.
Propuesta
Desde el Banco Mundial instan a la implementación de una reforma tributaria, así como mejoras en la eficiencia del gasto público pueden generar ahorros fiscales sustanciales. Por el lado tributario, destacan la eliminación de las exenciones tributarias y la ampliación de la base impositiva siguen siendo las principales prioridades.
Explican que las reformas en el lado de la eficiencia del gasto también pueden ayudar a abordar los cuellos de botella que limitan el crecimiento de la productividad de República Dominicana. Por ejemplo, citan que mejorar la eficiencia del gasto público en educación ayudaría a mejorar la calidad del capital humano y reduciría las incompatibilidades de habilidades mediante la reasignación de más recursos a iniciativas como la modernización de los planes de estudio en el nivel secundario.
Asimismo, impulsaría una mejor alineación de la educación universitaria con las necesidades empresariales (especialmente en el sector de tecnologías de la información), y la implementación de sistemas de alerta temprana para prevenir el abandono escolar.
