Una diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) enfrenta una acusación de lavado de activos por haberse prestado, según el Ministerio Público, para introducir o depositar en cuentas en la banca dominicana alrededor de RD$4,418 millones.
Es una cantidad realmente respetable. No son dos cheles. Lo grave del caso es que, de acuerdo con las autoridades, ese dinero tiene como origen el narcotráfico.
Y lo lindo del caso, como reza el dicho común, es que la diputada Rosa Amalia Pilarte, esposa del Miguel Arturo López Florencio, preso en Estados Unidos, ha admitido, durante una entrevista con el Ministerio Público el 19 de julio de este año, las maniobras de adquirir propiedades a su nombre y luego traspasarlas a la empresa Inversiones Inmobiliarias Cutupú SRL, que controla el ser. López Florencio.
¿Cuáles lecturas podemos darle a este caso que, debemos admitir, ha demostrado la permeabilidad de los sistemas financieros en todo el mundo al dinero mal habido? ¿De quién es la responsabilidad de estos huecos jurídicos y de fiscalización? ¿Qué dicen los procedimientos, las normas prudenciales? ¿Cuál es la función del oficial de cumplimiento? ¿Dónde ha estado el fallo para que tanto dinero fluya de esa manera? Lo primero que debemos establecer (dejar sentado aquí) es que la banca no tiene responsabilidad por ningún lado. Es ilógico que una entidad financiera se preste para operaciones turbias, toda vez que hoy día hay prácticas y políticas de gestión que lo impiden.
Tenemos un sistema financiero consciente de su responsabilidad con la transparencia y como ente canalizador de recursos hacia los sectores que impulsan el desarrollo. Lo que sí se sabe es que la permeabilidad viene dada por las fallas mismas del sistema, pero no de alguna entidad en particular.
Ahora bien, sin dejar de pedirle a nuestra banca que siga fortaleciendo los controles y aplicando las normas prudenciales, el hecho de que esta diputada revelara que su esposo era el que manejaba sus cuentas, lo cual también habría que demostrarse, demuestra que se construyó una cadena de abuso de confianza que devino en esto.
Este caso, como otros, más allá de lo negativo que resultan para la imagen del país y de su sistema financiero, debe llamarnos la atención a todos: autoridades, usuarios y entidades de intermediación financiera. Esto es sin excepción. Lo positivo, como quiera, es que estamos haciendo una especie de profilaxis que nos llevará a tener una sociedad más transparente.
Ahora nos toca a todos, mirando el pasado sólo para tomar lo bueno, fortalecer la supervisión y las exigencias; revisar los procedimientos bajo los cuales operan los oficiales de cumplimiento y verificar (aplicar) lo que significa el término “sujetos obligados” que bien explica la Ley 155-17 de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Muy particularmente sí creo que estos casos habrán de llevarnos a tener una sociedad más transparente, un sistema económico más equitativo y unas autoridades más consciente de su rol ante la sociedad.
