El 4 de noviembre de 2022 marcó un precedente en la historia del Gran Santo Domingo. Su impacto se ha quedado en la memoria de los miles de capitalinos que fueron afectados por las lluvias, las cuales inundaron las principales avenidas y provocaron pérdidas humanas y materiales.
De acuerdo con el presidente de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar), James García Torres, estas inundaciones causaron daños de aproximadamente RD$1,000 millones.
Sus efectos aún preocupan a los dominicanos, a propósito del paso por el país de la tormenta tropical Franklin, la cual, según ha estimado la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), habría de generar acumulados de lluvias de entre 200 y 250 milímetros, y en algunos puntos hasta 300 milímetros.
Cada año, durante los meses desde junio hasta noviembre, República Dominicana es afectada por la temporada ciclónica, hecho que propicia el incremento de fuertes lluvias, tormentas tropicales y huracanes.
Las estimaciones realizadas por el Perfil Nacional de Riesgo Catastrófico (CDRP, siglas en inglés), elaborado por el Banco Mundial, establecen que los embates de fenómenos meteorológicos extremos pueden costarle al país entre el 0.69% y el 3.3% del producto interno bruto (PIB) anualmente. Cada año, las pérdidas a causa de desastres naturales se estiman en US$345 millones.
El informe precisa que los efectos del cambio climático podrían aumentar estos montos, alcanzando los US$6,124 millones anuales en los próximos 50 años.
Estos fenómenos atmosféricos han impactado durante años a República Dominicana. Un estudio realizado por el Banco Mundial, elaborado en colaboración con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), destaca que el sector agropecuario suele ser el más afectado, lo que provoca que, ante el paso de una tormenta, haya una disminución en el crecimiento del PIB agropecuario. Otros de los efectos inmediatos es el incremento de precios en los rubros afectados.
Cuando se observan los fenómenos atmosféricos con mayor implicación financiera en el país en los últimos 20 años, las estadísticas muestran fechas muy concretas. Solo entre 2002 y 2014, los daños económicos –en términos nominales– ascienden a US$686.3 millones, siendo el huracán Jeanne (2004) el más relevante.
De acuerdo con informes estadísticos de la Defensa Civil, que recoge un estudio de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), en septiembre de 2017, el paso de los fenómenos atmosféricos Irma y María provocó inundaciones que afectaron a aproximadamente un total de 20,224 viviendas; la destrucción parcial de 4,776 y dejaron 646 totalmente destruidas.
Estos huracanes, además de provocar pérdidas humanas, generaron daños estimados en RD$8,702.4 millones, lo que representó el 1.6% del gasto público, según el estudio de la ONE.
El huracán Fiona, que entró al país por Punta Cana en septiembre de 2022, dejó pérdidas económicas directas estimadas en US$381.74 millones, los cuales representaron aproximadamente el 0.3% del PIB, según el MEPyD.
Fiona afectó principalmente la zona turística del país. Sus vientos huracanados, que sobrepasaron los 100 kilómetros por hora, provocaron aguaceros en La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, Samaná y María Trinidad Sánchez.
Impacto
Según datos de la Defensa Civil, desde 2017 hasta 2022, los fenómenos atmosféricos que han afectado el país provocaron el desplazamiento de 79,182 personas y que 35,438 fueran albergados.
En el caso de las infraestructuras, 25,787 viviendas han sido anegadas; 5,075 viviendas fueron parcialmente dañadas y 914 totalmente destruidas. Además, 617 poblados quedaron incomunicados y 47 puentes fueron afectados.
Financiamiento
República Dominicana ocupa el puesto número 32 en el Índice de Riesgo Mundial 2021, situándose en el número 11 de los países más expuestos y vulnerables ante desastres naturales en el ranking de países de la región de América Latina y el Caribe.
Por tal razón, el Estado dominicano ha tomado una serie de medidas contingentes para responder ante escenarios futuros de ocurrencia de eventos catastróficos.
Dentro de esta serie de medidas se encuentra la promulgación de la Ley Orgánica de Presupuesto 423-06, que asigna un 1% de los ingresos corrientes para calamidades públicas. Además, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, está autorizado para suscribir contratos de financiamiento ante desastres por un monto máximo de US$300,000,000.
