[dropcap]U[/dropcap]na de las tareas que se convierte en materia común para los economistas dominicanos, es explicar el por qué un país como República Dominicana, que viene experimentando tasas de crecimiento anuales y sostenidas en su producto interno bruto (PIB), no logra aun resolver sus principales problemas económicos y sociales.
Vinculada a esta tarea, también queda sobre los hombros de los economistas, buscar argumentos que expliquen las razones por las que, después de tanto crecimiento económico, no se alcanzan niveles de desarrollo satisfactorios.
Sin ánimo de establecer respuestas preconcebidas, que dejen la sensación no pretendida, de que existe una receta ideal para explicar los fenómenos que se enuncian en el párrafo anterior, lo cierto que las argumentaciones explicativas pueden ser relativamente simples.
Por ejemplo, la solución de problemas puntuales de la sociedad dominicana, tal como la salud, la educación, agua y saneamiento, entre otros, es un tema de voluntad política; esto significa, que cuando se quiere se puede, y esta afirmación se valida con el incremento que ocurrió en la asignación presupuestaria para el sistema educativo a partir del 2013.
La segunda argumentación que puede establecerse, es que enfrentar un problema económico y social, con carácter ancestral, como el caso de la energía eléctrica, es un tema de Agenda País, pues su solución sobre pasa la capacidad de un período de gobierno, y hasta la propia posibilidad de que, en un corto plazo, se puedan juntar los intereses individuales de los actores de este sector con el tema del bien común y el interés colectivo; pero para esto se requiere tiempo, negociaciones, liderazgo gubernamental, y mucha paciencia. Igual aquí, sin embargo, si se quisiera realmente, se pudiera, pues nunca el interés privado ha estado por encima de los intereses de una nación.
Por el lado de la inexistencia de correlación entre el crecimiento sostenido de la economía dominicana, durante los últimos cuarenta años, y el desarrollo económico y social del país, la primera argumentación que puede establecerse, es que los gobiernos dominicanos, durante el período señalado, no han evidenciado continuidad de Estado, sobre todo en el tema de diseño e implementación de políticas públicas.
Esto, obviamente, revela una ausencia de un modelo económico que vincule las acciones de los gobiernos, la inversión privada, y las expectativas de mejoramiento en el bienestar de la población dominicana. Y sobre este tema, deberíamos insistir todos los economistas.
