Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2022) revela que la pandemia del covid-19 empujó a cerca de 20 millones de personas a la pobreza extrema, lo que generó un retroceso de 13 años.
Así también, otro estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2022) afirma que los niveles de pobreza en América Latina y el Caribe (ALyC) aumentaron con la inflación global por la guerra entre Rusia y Ucrania, temiéndose que otros 10 millones de individuos se coloquen por debajo de la línea de pobreza durante los próximos años.
Estos datos pueden parecer escalofriantes, pero, ciertamente, sólo desnudan la elevada vulnerabilidad de millones de seres humanos que habitan en la región, así como su fragilidad ante fenómenos como el cambio climático y el calentamiento global.
La mala noticia es que lo peor no ha ocurrido aún, pues el escenario climático que se presenta apunta a que alrededor de 5.8 millones de personas adicionales podrían pasar a ser pobres para 2030, si no es que se toman medidas urgentes para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero que es lo que está provocando el calentamiento global.
Por ejemplo, entre el 2000 y el 2022, en ALyC se generaron 1,347 desastres naturales, de los cuales el 91% estaba vinculado con el clima (IPCC, 2022), además de que en esta región “al menos 78 millones de personas pobres viven con alta exposición a choques de origen climático”.
Para tener una idea, veamos el porcentaje de estos que habitan en áreas expuestas a desastres naturales, en los últimos 10 años, en países seleccionados. Por ejemplo, en Honduras es un altísimo 98.3%, seguido de Bolivia con un 86.8%, Guatemala con un 84.3%, El Salvador con 75.7% y Paraguay con un 69.5%. República Dominicana y Nicaragua tienen un 53.7% y un 51.1%.
A partir de estos datos, se puede deducir que los desafíos frente a esta situación son cada vez mayores, toda vez que los desastres vinculados a los eventos climáticos no dan tregua, degradando los ecosistemas y generando impactos negativos en los sectores productivos. Bagolle, A. y Otros (2023) sugieren que las medidas de descarbonización pueden tener efectos adversos por pérdida temporal de ingresos debido a la sustitución de medios de vida.
Frente a esto, se plantea la necesidad de diseñar e implementar programas de protección social que, no solo reduzcan esta vulnerabilidad, sino que también disminuyan la cantidad de pobres que existen en la región. Bajo este escenario, el BID (2023) plantea una serie de medidas de protección social, entre las cuales se destacan los seguros de desempleos y las pensiones, así como las transferencias monetarias para posibilitar resiliencia de aquellos que han sido afectados por las políticas y medidas de descarbonización.
En el caso dominicano, y hasta donde se sabe, no existen instrumentos específicos de protección social para contrarrestar los desastres naturales, mas bien se dan respuestas reactivas que pueden tener mayor o menor impacto sobre las personas vulnerables que han sido y son afectadas.
En tal virtud, convendría que los organismos del Estado correspondientes se aboquen a la creación de un plan nacional de atención a personas vulnerables frente los choques que vienen del cambio climático y del calentamiento global. Esta sería una buena propuesta para ponerla en los programas de gobierno de cada partido político.
