[dropcap]U[/dropcap]na de las principales propuestas presentadas en el marco de la discusión de la reforma fiscal que procura realizar el Gobierno central es la elaborada por el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) junto con el experto en materia tributaria Francisco Canahuate Disla.
Sin embargo, un componente que ha recibido relativamente poca atención respecto a esta excelente propuesta es el proyecto de Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, también elaborado por el CREES.
Esa propuesta de ley del CREES tiene como finalidad el establecimiento de un marco normativo claro y contundente para sanear y transparentar las finanzas públicas, eliminar los déficits fiscales y reducir los niveles de deuda pública. Esos propósitos son loables y la propuesta de ley resulta interesante.
El proyecto de Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal tiene dos ejes transversales: reglas fiscales de obligatorio cumplimiento y el establecimiento de un fondo de estabilización y sostenibilidad fiscal.
Además, el establecimiento de una oficina profesional de asistencia al Congreso sobre preparación y ejecución del Presupuesto Nacional, requisitos de transparencia fiscal y sanciones por infracciones a su contenido, incluyendo la posibilidad de comprometer el patrimonio personal de los funcionarios.
El primer eje de la propuesta de ley –las reglas fiscales– tiene tres componentes.
El primero está compuesto por reglas de gasto público, incluyendo una limitación al incremento del gasto público y un tope de gastos no financieros durante años electorales. El segundo es para la prohibición de déficits fiscales, salvo en casos de recesiones. Y el tercer componente es sobre las reglas para el endeudamiento público. Estas normas buscan fijar un límite de la deuda pública no financiera y lineamientos transparentes respecto al uso de la deuda para financiar obras del Estado.
El segundo eje de la propuesta de ley –el fondo de estabilización y sostenibilidad fiscal– es novedoso. El fondo sería capitalizado por ingresos fiscales extraordinarios y otros ingresos por encima de determinadas metas de recaudación. Sería utilizado para reducir la deuda pública, capitalizar el Banco Central, atender emergencias y realizar inversiones en infraestructura clave.
La propuesta de aprobar una ley que obligue al Estado a mayores niveles de transparencia y racionalidad en el gasto público sería una parte fundamental de cualquier reforma fiscal. El verdadero clamor no es de elevar los ingresos, sino de que se atiendan las necesidades nacionales sujetas a un marco diáfano y sostenible de ejecución presupuestaria.
