Panamá supera el umbral de las 400,000 personas llegadas al país a través de la selva del Darién en su viaje irregular hacia Norteamérica, un registro inédito que muestra la magnitud de una creciente crisis migratoria en América que se intenta atajar con más deportaciones.
Cifras del Servicio Nacional de Migración de Panamá a las que tuvo acceso EFE dan cuenta de que hasta las seis de mañana de este miércoles 399,606 migrantes habían entrado en lo que va de este año al país, a un ritmo de más de 2,000 personas por día a lo largo de este mes de septiembre.
Se está ante un récord histórico que deja atrás los 248,000 migrantes registrados en 2022 y los 133,000 de 2021, y que se vislumbraba entre los escenarios más críticos de este fenómeno de migración masiva y visible que comenzó en el 2015 con el tránsito de miles de cubanos hacia Estados Unidos.
Ante esta oleada, las autoridades de Panamá ya han dicho que podría llegar a medio millón el número de personas que crucen la selva este año.
Alrededor del 25% del flujo migratorio este 2023 lo constituyen menores de edad, de acuerdo con los datos oficiales. Hay familias enteras en movilidad.
La gran mayoría de los viajeros son suramericanos, más de 324,000, encabezados por venezolanos, más de 252.000, ecuatorianos (47.724), y colombianos (13.404). Les siguen los antillanos, con más de 39,200, asiáticos (27,878) y africanos (7,389).
Los rigores del Darién, un parque nacional panameño de 575,000 hectáreas, no detienen a los migrantes. Al menos 37 han muerto allí este año, según datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), aunque el subregistro es enorme, como ha admitido el organismo.
A las muertes se suman los robos, asaltos y violaciones que sufren estos viajeros.
Panamá es el único país de América que toma los datos biométricos a los migrantes en unas estaciones situadas en sus fronteras del Darién, en el sur y límite con Colombia, y de Chiriquí, en el norte y fronteriza con Costa Rica, en las que además ofrece asistencia sanitaria y de alimentación, un operativo en el que ha invertido más de US$70 millones según las cifras oficiales.
Deportaciones para atajar una situación “límite”
Las autoridades de Panamá claman por más cooperación internacional para administrar el creciente flujo migratorio, que ha llevado al límite las capacidades del Estado y de los organismos mundiales que asisten en el Darién a los viajeros en tránsito.
La estrategia de flujo controlado que aplica Panamá ha impedido que migrantes mueran asfixiados en furgones o sean víctimas de explotación sexual o de trata de personas en territorio panameño como sí ocurre en otros países, alertó el pasado fin de semana el ministro de Seguridad Pública, Juan Pino.
En medio de esta crisis, las autoridades de Panamá anunciaron el pasado 8 de septiembre la intensificación de las “deportaciones y las expulsiones de los ciudadanos irregulares que tengan antecedentes penales”, una medida que desde abril pasado se aplicó a 452 personas, según las cifras oficiales.
Esta misma estrategia, pero a mucha más escala, pretenden implementar México y Estados Unidos ante la crisis en su frontera.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés), entregará a México a migrantes deportados en el Puente Internacional de Ciudad Juárez, según un acuerdo alcanzado por ambos gobiernos.
El Instituto Nacional de Migración (INM) mexicano anunció su compromiso de “realizar las gestiones con los gobiernos de Venezuela, Brasil, Nicaragua, Colombia y Cuba para que reciban a sus connacionales” y “continuar con el operativo espejo en la frontera de México y Estados Unidos”.
