Entiendo a Julito Fulcar, el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Lo entiendo y hasta podría ponerse en sus zapatos. Lo digo porque él, más que pocos en nuestro país, ha estado vinculado al sector cooperativista. Es un doliente de estas instituciones que tanto han aportado al desarrollo de República Dominicana. Por algo es el presidente ad vitan del Consejo Nacional de Cooperativas (ConacoopRD).
El vocero del bloque oficialista en la Cámara Baja sometió un proyecto que sustituye la Ley 31-63 del sistema cooperativo dominicano, creando siete nuevas instituciones en el Gobierno con nóminas que en su total se elevarían sobre los RD$8,500 millones.
Observen bien: Entre las nuevas instituciones que crearía el proyecto de ley está la Dirección General de Cooperativas (Digecoop), el Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo (Fidecoop), el Centro de Desarrollo y Capacitación del Cooperativismo (Cedcoop) y el Instituto de Formación Cooperativa (Infcoop). Por lo visto, Don Julito necesita orientación en torno a este tema, a pesar de que él es toda una autoridad.
Pero hay más. Se suman a la lista de nuevas creaciones Protección a los Depósitos y Aportaciones del Socio (Procoop), entre otras dos instituciones que servirían como organismo coordinador de estas, las que junto a las cinco citadas necesitaría un presupuesto superior a los RD$8,000 millones.
No tiene sentido crear más instituciones y menos para un sector que perfectamente puede ser regulado, en el caso de las cooperativas abiertas, por la Superintendencia de Bancos y el Banco Central.
Burocratizar al sector crearía más problemas que soluciones. Es ilógico. Además, ¿por qué tantas entidades para fiscalizar, impulsar y desarrollar un sector que es financiero y hace prácticamente lo mismo que las demás entidades?
Sería bueno preguntarle a Julito si en el caso de las cooperativas esas estructuras serían autosuficientes, como sucede con la Superintendencia de Bancos y el Banco Central, ya que no reciben fondos del Estado, pues las entidades reguladas tienen la obligación de pagar el servicio.
Hacerse el gracioso es bueno, pero no en todas las oportunidades. Burocratizar más el Estado es generar problemas financieros, aumentando el déficit público y provocando que la nómina sea más abultada de lo que está. Debemos ser más responsables como entes públicos que buscan la eficiencia en la gestión pública.
Es oportuno recordar que, al inicio de la actual gestión de Gobierno, la hoy senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, sometió un proyecto de ley de “Reorganización de la Administración Pública”, que buscaba disolver más de 50 instituciones, comisiones u organismos que tienen asignaciones y/o transferencias por de fondos por aproximadamente RD$15,700 millones, propuesta que no ha sido materializada por la legisladora. ¿Tiene alguien información al respecto?
