El Estado dominicano debe diseñar políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, a través de un incremento de los bienes con los que pueden cubrir sus necesidades básicas, resguardando la libre competencia. Así lo explicó la presidente del consejo directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), María Elena Vásquez Taveras.
“Los programas estatales fomentan la producción, pero podrían incidir negativamente en las condiciones de competencia en los mercados, representando para Procompetencia un desafío en su tarea de promover la igualdad para todos los agentes económicos como lo establece la Constitución”, consideró.
Si bien Vásquez Taveras aseguró que el Estado tiene la obligación de promover el bienestar y la igualdad de los ciudadanos, se debe que armonizar la libre competencia. La entidad estatal busca analizar las políticas de ayudas estatales, subvenciones y subsidios del Estado y determinar si afectan el clima de libre competencia. “Las políticas de competencia juegan un papel importante al promover el bienestar de los consumidores, la integración de los mercados y la libertad económica”, sostuvo.
No obstante, comentó que esta acción presenta un reto para el Estado dominicano “porque cuando los subsidios no están focalizados hacia los grupos que realmente lo necesitan, terminan beneficiando a unos pocos, afectando las finanzas públicas y la competitividad de la economía porque crean ineficiencias”.
Entre abril y junio del 2023, un total de 3,644,662 dominicanos recibieron un subsidio. Esto representa el 33.8% de los 10,760,028 dominicanos, durante el trimestre abril-junio 2023. De acuerdo con la Administradora de Subsidios Sociales (ADSS) registró que de este monto, 2,359,331 fueron mujeres y 1,285,331 hombres. Pero, el 34% de los beneficiarios habitan en el Cibao (542,232), seguido del 27% de la región Central (423,403) y 26% en el Sur (423,403). En menor cantidad, el 13% se ubica en el Este.
Según la ADSS, en el segundo trimestre de este año, el Estado desembolsó RD$11,306.9 millones distribuidos en 16 programas de asistencia. Mayo fue el mes con mayor monto, al reportar RD$4,163.1 millones, seguido de abril y junio con RD$3,562.8 millones y RD$3,580.9 millones, respectivamente.
La presidente de ProCompetencia considera que las ayudas estatales forman parte importante de los instrumentos de política económica e industrial que los gobiernos utilizan para hacer frente a problemas específicos sectoriales o a fallas de mercado. “Y también sirven para financiar determinadas actividades económicas de interés general”, consideró.
Enfoque
La antigua Ley 28-01 de Desarrollo Fronterizo, modificada hace dos años, incentiva a las empresas a invertir en las provincias ubicadas entre Haití y República Dominicana. De hecho, el Ministerio de Hacienda registra un gasto tributario de RD$1,801.7 millones por el desarrollo fronterizo en este 2023. Este monto representa apenas el 0.5% de los RD$310,120.7 millones.
En 2020, se registró una población de 498,782 en las provincias fronterizas. Pero, ProCompetencia proyecta un crecimiento de 2.6% para el 2030 y ascender a 512,129, es decir, 13,347 nuevos dominicanos. Monte Cristi registra 117,221 habitantes, seguido de Bahoruco con 101,005 y Dajabón con 66,467. En tanto, Elías Piña unos 63,402, Independencia (58,424), Santiago Rodríguez (57,266) y Pedernales (34,997).
La funcionaria indicó que el “Impacto de ayudas estatales desde la perspectiva de la competencia” ayuda al poder Ejecutivo a rediseñar las políticas de desarrollo fronterizo. “Ahora tendrán un mejor criterio formado sobre el cuidado que se debe tener para garantizar favorablemente el juego de la libre competencia en los mercados”, acotó.
