El derecho de autor es una normativa que reconoce al propietario de una obra intelectual o artística para autorizar su reproducción y participar en los beneficios que genere durante un lapso de 70 años. Sin embargo, la piratería es un flagelo que amenaza constantemente a los autores. De acuerdo con el director general de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), José Gonell Cosme, es un negocio lucrativo a nivel mundial, que afecta principalmente a la industria audiovisual.
La piratería es la distribución ilegal de audiovisuales por internet. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indica que los sitios web con contenido ilegal generan 1,114 millones de visitas cada año, pero solo 545 millones se realizan en sitios legales.
“Cuando vemos una película en la televisión, cine o programas digitales pagamos por la suscripción o el servicio, pero las plataformas invierten para comprar el contenido y cuando se recurre a la piratería se comete un fraude”, explicó Gonell Cosme.
El informe “El impacto económico de la industria audiovisual en Latinoamérica”, elaborado por el BID, señala que los sitios que distribuyen contenido pirateado hacen perder más de US$733 millones a los operadores de plataformas de videos por suscripción cada año.
Para Aidaluz Pimentel Báez, directora de la comisión dominicana de la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual (ELAPI), la región tiene el potencial para el desarrollo de activos de propiedad intelectual por la creatividad de los habitantes.
“La disposición a crear negocios en ámbitos nacionales e internacionales, e incentivar la inversión implica un compromiso constante y firme para batallar con la piratería y la falsificación”, aseguró. Ante esto, el BID señala que se debe fomentar la colaboración entre la industria audiovisual y los gobiernos para disminuir la piratería en el contenido digital.
Transformación
La ONDA firmó un acuerdo con ELAPI, con el objetivo de establecer cooperación académica que permita impartir capacitaciones a los dominicanos en materia de derecho de autor. “El proyecto se basa en fortalecer las relaciones entre ambas instituciones y robustecer la gestión enfocada en la educación. Además, conocer nuestros derechos para vivir en una sociedad que protege nuestras creaciones”, dijo el funcionario.
De acuerdo con Pimentel Báez, el acuerdo implica afianzar la protección y registro de las obras creativas en República Dominicana en favor de artistas, científicos, artesanos, diseñadores, programadores y empresarios.
Desde artesanía hasta planos de arquitectura, la economía naranja brinda la oportunidad de diversificar el mercado laboral, promueve la innovación y creatividad, y permite al capital humano movilizar divisas. “Hay numerosos jóvenes que realizan software para juegos electrónicos, pero son vendidos sin protección y ganan US$10,000 o US$12,000… Más adelante ese programa producirá mucho dinero que ellos no recibirán beneficios, porque nunca registró su obra creativa”, consideró el funcionario.
En República Dominicana, la Ley 65-00 regula los derechos de autor. Mientras, la Ley 20-00 está basada en la propiedad industrial. “Pasados más de 20 años de sus implementaciones, resulta necesario prestar atención a nuevas realidades que afectan los derechos de propiedad intelectual, como la inteligencia artificial, metaverso y el desarrollo de nuevas tecnologías”, expresó Pimentel Báez.
